El candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria (CC), Paulino Rivero, explicó ayer las tres políticas que desarrollará en su programa electoral con la intención de “modular el desmesurado crecimiento” de la población de las Islas, una de las cuales es dar prioridad a los residentes a la hora de acceder a un empleo, con lo que considera que los extranjeros verían disminuidas sus expectativas de venir y permanecer en el Archipiélago. “Está claro que no hay opciones de trabajo para todos”, advirtió, tras garantizar que CC está “a favor de la inmigración, de la mano de obra que hace falta y de la solidaridad, mientras no ponga en riesgo el nivel de vida de la sociedad, porque el desequilibrio puede causar problemas”.
Rivero no quiso concretar las medidas concretas que propondrá para lograr este objetivo, pero sí apuntó que existen “dentro del marco legal” y que se pueden implantar sin necesidad de contar con el apoyo de ninguna institución pública que no sea desde la propia Administración autonómica. Dentro de este objetivo, desarrolló dos ideas. Una, incentivar a las pequeñas y medianas empresas canarias de tal forma que se garantice que “todo lo que puedan hacer, no lo hagan las de fuera”, a cambio de que “contraten gente de aquí”, entendiendo este concepto no como los nacidos en Canarias, sino como los que “han decidido hacer su proyecto vital en las Islas”.
A pesar de que reiteró que su prioridad se centra en el pleno empleo de los canarios, también confesó su preocupación por la existencia de un 27% de paro entre la población extranjera de las Islas, que justificó en el “riesgo de que se puedan formar ghettos”, como a su juicio comienza a ocurrir en localidades como Vecindario (Gran Canaria) y El Fraile (Tenerife). Argumentó que el paro y la miseria impiden la integración social y puede rebajar el nivel de vida de una sociedad, lo que da origen a “desequilibrios” que podrían desencadenar situaciones como las ocurridas en Francia, en referencia a los incidentes ocasionados por los descendientes de inmigrantes en París. Sin ánimo de crear “alarma”, sino de prevenir, Rivero apuntó como soluciones necesarias el control de las entradas de ilegales a través de los aeropuertos y el establecimiento de cupos de trabajadores regulares a cambio de que los gobiernos de los que procedan controlen sus fronteras.
Moratoria laboral, de momento, no
Preguntado sobre la posibilidad real de hacer prevalecer a las empresas canarias frente a las nacionales y comunitarias, teniendo que someterse las administraciones públicas a la reglamentación europea que posibilita la concurrencia a ofertas en todo el ámbito de la Unión Europea, relacionó las excepciones existentes actualmente en lo referente al control poblacional en territorios como las Islas Galápagos, Faroe, del Canal, o países como Luxemburgo y Alemania, que tiene una moratoria de siete años para la entrada de trabajadores polacos, pese a que también pertenecen a la Unión. Sin embargo, explicó que esta referencia implicara que vayan a plantear algo similar hasta ver si las medidas que proponen son suficientes. Pese a la insistencia de los periodistas, no quiso explicar exactamente cuál sería esa fórmula que podría desarrollar Canarias de forma autónoma y sin vulnerar la legalidad para que las empresas de las Islas tengan prioridad y contraten personal residente. Por ello, y pese a reiterar la urgencia de poner en marcha acciones orientadas a controlar el crecimiento y a criticar la lentitud y falta de resultados de la Comisión Mixta Canarias-Estado creada con este objetivo, dijo que no habían llevado esta posibilidad a dicho órgano “porque no necesitamos para nada al Estado”.
No obstante, también recordó que Cataluña tiene competencias en lo que se refiere a permisos de trabajo a extracomunitarios, algo que Canarias reclama a través de su propuesta de reforma estatutaria, que se tramita en las Cortes Generales.
Impulso a la rehabilitación hotelera
La otra política con la que CC pretende llegar al pleno empleo de los canarios entronca con la rehabilitación de la planta hotelera obsoleta, a la que asegura dará un impulso importante en caso de que las elecciones le sitúen en la Presidencia del Gobierno. La idea es aprovechar el transcurso de las obras para dar formación especializada al personal local, de tal forma que puedan incorporarse a estas empresas y responder a las necesidades de calidad de las nuevas instalaciones. En este punto, anunció que, además de las facilidades que supone para el empresariado poder recurrir a los fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para acometer estas obras, que en muchos casos pasan por derribar y construir de nuevo los hoteles, piensa completarlas con otras, como propiciar la involucración de los ayuntamientos en lo que se refiere, por ejemplo, a establecer bonificaciones en la licencia de construcción, habida cuenta de que “es una mejora estética para el municipio”. También apostó por facilitar las jubilaciones anticipadas y llegar a acuerdos con los empresarios para que mantengan al personal, durante el periodo de cierre, en programas formativos. En este caso, tampoco concretó en qué consistirían esos incentivos ni quién asumiría sus costes.
En el tercer punto incluyó el paquete de medidas que CC lleva proponiendo al Estado los últimos meses, dentro del que están las modificaciones legales para ampliar el ámbito legal de enjuiciamiento de los patronos de los cayucos fuera de aguas españolas, la creación de juzgados especializados, la ampliación del plazo de retención de los inmigrantes ilegales, o los controles en los aeropuertos y la dotación de más medios para las operaciones de Frontex para que la vigilancia de las costas sea, además, permanente. Estas y otras propuestas “duermen el sueño de los justos”, ya que la respuesta socialista a la Proposición de Ley en la que las enmarcaron se transformó en la creación de una Subcomisión que, desde octubre de 2006, “sólo se ha reunido para constituirse y no ha dado un palo al agua en cinco meses”. Con todo, el candidato aseguró que el proyecto de CC es un “nacionalismo integrador, no excluyente”, de tal forma que se posicionó a favor de la libre circulación de comunitarios y en contra de “cerrar las puertas”.
