El Partido Popular (PP) “celebra que el Gobierno de Canarias haya recuperado la sensatez” y “aplaude” la rectificación de la Consejería de Sanidad sobre la continuidad de la Unidad Canaria de Cirugía Cardiaca Infantil, que atribuye a la presión social liderada por padres y médicos del servicio y anuncia que continuará “vigilante” en el cumplimiento de los acuerdos anunciados esta mañana por la consejera Brígida Mendoza.
La portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento de Canarias, Mercedes Roldós, calificó de “temeraria y errónea” la decisión inicial de cerrar el servicio. “Era un disparate sin precedentes”, aseguró, al tiempo que mostró su “alegría” por esta rectificación, “en bien de los niños con cardiopatías congénitas y de sus familiares”, ha dicho Roldós, según recoge en nota de prensa el Grupo Popular.
Los populares han mostrado su intención de mantener las iniciativas presentadas al respecto en la Cámara regional, tras la pregunta formulada a la consejera de Sanidad en el Pleno del pasado lunes, porque considera “fundamental, que el Parlamento apoye este cambio en los planes del Gobierno y respalde de forma unánime la continuidad de un servicio público irrenunciable”.
Además de la Proposición No de Ley llevada al Parlamento, los populares han desplegado a lo largo de la última semana una “intensa actividad institucional”, con la presentación de mociones de respaldo en cabildos y ayuntamientos de todo el archipiélago.
Como se recordará, el secretario general del PP de Canarias, Asier Antona, apeló también públicamente el pasado fin de semana “a la conciencia del presidente Rivero”, y solicitó su intervención para detener “un disparate de consecuencias tan dramáticas como previsibles”.
Los populares son conscientes del “nuevo desencuentro” que este error ha causado entre el PSOE y CC en el seno del pacto de de Gobierno, aunque Roldós prefirió concentrarse en la “valoración positiva” de esta rectificación.
Presupuesto de la Televisión Canaria
Por su parte, el diputado autonómico del Partido Popular, Víctor Moreno, denunció que el Gobierno de Canarias demuestra “una total insensibilidad con los ciudadanos, al insistir en seguir financiando la Radiotelevisión Canaria con cargo a fondos públicos, mientras racanea dinero para las políticas sociales en el archipiélago”.
Moreno lamentó que los grupos políticos de CC y PSOE hayan rechazado una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular dirigida a iniciar los trámites para la privatización del ente, conforme al sistema previsto en la Ley General Audiovisual, que liberaría recursos para mejorar la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación.
“El Gobierno regional está retrasando una decisión que tarde o temprano tendrá que tomar”, señaló el diputado del Partido Popular.
“Ya no es solo el caprichito del presidente Rivero de mantener una televisión pública en tiempos de crisis con un coste anual de 40 millones de euros, sino que la partida podría subir en 2013 si el Gobierno confirma el incremento de 1,6 millones de euros que acordaron el pasado junio los miembros de CC del Consejo de Administración de la empresa”, manifestó.
"Inexplicable" apoyo socialista
En este sentido, Víctor Moreno consideró “inexplicable” que el PSOE justifique un gasto anual cercano a los 40 millones, “habiendo tantas necesidades sociales por atender en las Islas, contribuyendo encima al sostenimiento del aparato propagandístico de CC”.
“Los mismos parlamentarios que apoyan a Rivero, argumentando que el PP quiere privilegiar a empresarios con la privatización de RTVC -prosiguió-, han mostrado la más absoluta inhumanidad hacia familias canarias con verdaderos problemas para subsistir”.
Para el diputado popular, un cambio en el modelo de la Televisión Canaria permitiría una mejor gestión de sus recursos, “e incluso podría hacerla rentable, evitando que los canarios asumamos las pérdidas millonarias que acumula, que superan los 41 millones de euros, y eso sin contar el sostenimiento del ente y de la radio”.
Moreno abogó por que en este proceso, Radiotelevisión Canaria cumpla con los compromisos adquiridos con anterioridad, muy especialmente, el contrato de suministro de contenidos para los servicios informativos, con el fin de que se garantice la seguridad jurídica de las empresas contratantes.
“Nuestro objetivo no es despedir a trabajadores ni mucho menos, sino garantizar la viabilidad de la cadena y liberar a la comunidad autónoma de una carga que no podemos asumir cuando la prioridad es atender los servicios públicos básicos; lo demás puede esperar”, concluyó.
