Este jueves ha arrancando con la entrada de la Policía Judicial a primera hora en la sede del Servicio Canario de Salud (SCS) ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. Los nueve agentes entraron por petición de la Fiscalía Europea para buscar diferentes documentos que puedan estar vinculados a los investigados Conrado Domínguez, que era el director del SCS, y Ana María Pérez, encargada de Recursos Económicos, por la supuesta estafa a la sanidad pública canaria de cuatro millones de euros.
El pasado, el SCS adelantó este dinero a la empresa RR7 United, que no tenía antecendentes en la distribución de material médico, para la compra de un millón de mascarillas 3M. El material sanitario no fue entregado y las que se intentaron importar fueron bloqueadas por la Aduana al ser falsificaciones.
La investigación busca determinar la implicación de los investigados en el contrato suscrito con la empresa y que sucedió con el dinero entregado a RR7. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía afirma en un informe que Domínguez podría haber recibido una comisión de 100.000 euros tras la operación.
