El Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en libertad este miércoles al ex diputado canario del Partido Socialista (PSOE) Juan Bernardo Fuentes tras declarar por su presunta implicación en el denominado caso Mediador, una trama que investiga la gestión de ayudas a productor alimentarios y por el que se encuentra como investigado y en el centro de todo el asunto.
Según la información aportada por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se investiga a Fuentes por los posibles delitos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y grupo organizado. En esta ocasión no se cuenta con acción popular ni acusación particular personada. El fiscal no ha pedido que el ex diputado ingrese en prisión al no observar la posibilidad de que se produzca una fuga o la destrucción de pruebas. Además no se han solicitado medidas cautelares.
Fuentes fue director general de Ganadería al comienzo del mandato del actual Gobierno canario que preside el también socialista Ángel Víctor Torres y lo relevó en el cargo su sobrino Taishet Fuentes, que también se encuentra presuntamente implicado en este caso y que fue uno de los primeros detenidos.
El caso Mediador tiene un comienzo de lo más rocambolesco. De hecho, los indicios incriminatorios los aportó una persona que estaba siendo investigada por una presunta estafa con tarjetas de crédito en el Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, causa que fue archivada. Para defenderse de las acusaciones que contra él vertía Ángel Luis Pérez, director general de Deportes del Cabildo de Tenerife hasta el pasado mes de enero, el acusado ofreció a la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres información que guardaba en su móvil, y entre los audios figuraban las conversaciones que comprometían al general jubilado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, también detenido en la operación. En ese momento se inicia la otra investigación, la que les ha llevado a destapar un presunto entramado mafioso que se dedicaba entre otras cosas a extorsionar a ganaderos en Fuerteventura para que evitaran inspecciones de la Comunidad Autónoma.
