El Consejo de Gobierno aprobó este martes el proyecto de decreto por el que se establecen en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa.
Este proyecto, que cuenta ya con el dictamen favorable del Consejo Consultivo, "supone un avance cualitativo y cuantitativo en este ámbito de actuación, ya que además de culminar el proceso de modificaciones iniciado tras la aplicación del acuerdo sobre las medidas de choque, de septiembre de 2008, propone medidas concretas de reactivación e impulso de la actividad económica", subrayó el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, tras la reunión del Consejo. Respecto a las actuaciones en materia de reactivación e impulso de la actividad económica, el proyecto contempla medidas concretas de simplificación en materia de contratación, inversiones de interés autonómico, implantación de nuevas actividades económicas, empresariales o profesionales y subvenciones del Servicio Canario de Empleo.
Celeridad en los proyectos
En concreto, se declara que concurren razones de interés público, con la consecuencia de la aplicación automática de la tramitación urgente, para los expedientes de contratación relativos a redacción de proyectos de obras, contratos de obras, concesión de obras públicas, los de colaboración entre el sector público y el sector privado y los contratos de servicios en materia de telecomunicaciones, informática y servicios conexos, servicios de investigación y desarrollo y servicios de arquitectura, por entender que son estos contratos los que implican más inversión y una mayor capacidad para la creación de empleo. "En todos estos contratos se elimina la exigencia de constituir garantía provisional, lo que supone un alivio económico al sector empresarial, que no tendrá que recurrir a avales o desembolsos en efectivo para licitar", indicó Marrero.
También se regulan las inversiones de interés autonómico, que se definen como las declaradas por el Gobierno de Canarias que contribuyan a un especial impulso para el desarrollo económico y social y, con carácter prioritario, las encaminadas al fomento del empleo. Para el Gobierno canario, "las circunstancias de desaceleración y crisis económica exigen la creación de este instrumento, que permitirá que importantes proyectos de inversión en las Islas tengan un impulso preferente y rápido, potenciándose, consecuentemente, la creación y generación de empleo". Asimismo, se establece la comunicación previa de inicio de actividad, que permitirá al empresario iniciar directamente su actividad sin necesidad de tener que esperar a las autorizaciones o licencias de la Administración. Por acuerdo de Gobierno se deberá determinar ahora qué actividades económicas, empresariales o profesionales deben ajustarse a este procedimiento.
Finalmente, se determina el plazo máximo de tres meses para dictar y notificar resolución expresa en el correspondiente procedimiento en materia de agilización de las subvenciones tramitadas por el Servicio Canario de Empleo.
El portavoz resaltó que el proyecto surge, además, de la necesidad de promover la implantación de un nuevo marco normativo que posibilite una "profunda transformación de la Administración pública de la Comunidad Autónoma, dirigida a responder a las necesidades de los ciudadanos que reclaman que sea cercana e implicada con la realidad económica y social del Archipiélago". Sostuvo además que este proyecto de decreto es "el resultado del compromiso adquirido por el Gobierno de Canarias de ofrecer un servicio público eficaz y eficiente orientado al ciudadano, así como una Administración pública menos costosa, mediante la eliminación de trámites innecesarios y la simplificación de procedimientos, donde se reduzca la documentación que tiene que aportar el ciudadano y los plazos de resolución de los procedimientos". También se pretende, añadió, una Administración "moderna y transparente", cuyo fin sea conseguir los objetivos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Las medidas incorporadas a este proyecto de decreto, impulsado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad han sido aportadas por el conjunto de las consejerías autonómicas y cuentan con el consenso de las organizaciones sindicales y empresariales, que también han realizado algunas aportaciones.
