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La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Gloria Gutiérrez pidió este jueves en el Pleno de la Cámara la derogación del decreto 32/2006, del 28 de marzo pasado, que regula la instalación y explotación de parques eólicos en Canarias y viene a sustituir al 73/2003, anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por no haber sido sometido a informe del Consejo Consultivo antes de su aprobación definitiva. La consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Marisa Tejedor, precisó, no obstante, que el concurso de 2003 no está efectivamente anulado, pues está pendiente del trámite de audiencia a los interesados que dará paso al informe del Consejo Consultivo que es quien deberá determinar si procede o no. Si la derogación se confirma, el Gobierno atenderá las reclamaciones de los afectados que concurrieron, aseguró.
Gutiérrez pidió a Tejedor la anulación también del nuevo decreto por considerar que tiene los mismos “defectos graves que implicarían otra vez falta de transparencia, ya que se ha copiado prácticamente del anterior”. El más grave de los errores que ve Gutiérrez es la ausencia de un mapa eólico de Canarias aprobado, que considera un paso previo para regular la instalación.
Este argumento fue rechazado por Tejedor, que aseguró que esto es innecesario, ya que los mapas eólicos deben estar en los planes insulares, que determinan el emplazamiento de los parques, materia en la que no entra el decreto. “O bien no ha leído el decreto o no entiende sus modificaciones, lo que es más grave”, espetó a Gutiérrez. El diputado del Grupo Popular Manuel Fernández tampoco consideró necesaria una “aprobación política” de los mapas eólicos, que consideró es una información “estrictamente técnica de la que ya dispone el Gobierno de Canarias y que debe estar a disposición de todos los ciudadanos”.
Errores compartidos
Tejedor respondió al PSC que si hay errores, ellos también son responsables de los mismos, porque las alegaciones que presentaron han quedado recogidas en el nuevo decreto. Gutiérrez reconoció este hecho, pero aclaró que este decreto “no es” del PSOE, “que no lo apoya ni comparte”.
Indicó que el propio dictamen del Consejo Consultivo expone que se debe tener en cuenta las competencias insulares y municipales y alertó de que si se aprueba el nuevo decreto, los cabildos pueden denegar la instalación de un parque autorizado por la Consejería, porque es su competencia, algo que no compartió tampoco Fernández, quien sostuvo que no es cierto que los cabildos puedan oponerse a la planificación de los mapas eólicos.
La consejera aseguró, en cualquier caso, que no hay errores y que el nuevo ha mejorado notablemente el decreto anterior, respecto al cual tiene “cambios considerables”. Señaló que la Consejería no puede concretar aún los criterios de valoración de las solicitudes que se presenten al nuevo concurso, aunque adelantó que habrá “modificaciones importantes y una evaluación que será objetiva para garantizar la igualdad en el libre acceso a la actividad que se convoca, con el fin de evitar caer en los errores de la convocatoria anterior”.
La parlamentaria socialista no entiende “cómo Coalición Canaria no ha elaborado la planificación energética -que sí es su competencia- ni los planes especiales territoriales” e instó al Gobierno a “hacer las cosas mínimamente bien y con seguridad jurídica, transparencia y libre concurrencia”, porque, de otra forma, añadió, “incurrimos en los mismos errores” que el anterior, que ha resultado, recordó, en la detención de personas “por dar información privilegiada”.
Plus a iniciativa pública
En este sentido, compartió las dudas y la preocupación del PP sobre la “incertidumbre que plantea el plus de valoración a la instalación en suelo público de la anterior convocatoria del concurso” y preguntó si se va a mantener en la nueva convocatoria. Explicó que ya hay mucho suelo público ya firmado y comprometido con empresarios concretos, lo que genera una situación de privilegio ya adquirido con la publicación del anterior concurso, que no debería existir si se pretende garantizar la igualdad en el libre acceso a la actividad. La diputada del PSC resaltó que su grupo no ve “con buen criterio” que se regulen las explotaciones públicas y privadas en una misma disposición, ya que, a su juicio, deben estar separadas “para poder evitar lo que pasó en el anterior concurso”. El diputado popular fue más tajante al requerir que se quite esta “discriminación” del nuevo texto, “porque no es legal que a un concurso público no todos concurran en las mismas condiciones”.
También mostró objeciones ante la no contemplación de sanciones ante posibles incumplimientos de los beneficiarios, pues el decreto sólo contempla la revocación, y que no obliga a revisiones periódicas para el mantenimiento de las instalaciones. Fernández rechazó la “exigencia de mantenimiento de instalaciones privadas, porque son las empresas las que deben preocuparse de mantenerlo y sobra totalmente decirles cómo deben hacerlo”.
Tejedor recordó que la sentencia del TSJC, firme desde febrero, no cuestiona el contenido del decreto 73/2003, por lo que ésta es “similar al anterior”, si bien se han introducido mejoras, como la adaptación de la potencia máxima hasta 2015, ajustes en repotenciación para que las pequeñas instalaciones se modernicen y la mayor seguridad jurídica a los participantes en el proceso. Respecto a órdenes que desarrollan el decreto, anunció que saldrán a información pública en los próximos días, en sustitución de las anteriores, que también han sido anuladas por “seguridad jurídica, ya que enganchaban con el decreto”.
La responsable regional de Industria afirmó que su departamento hará “todo lo posible por tranquilizar el ambiente”, para que cuando se hable de energía eólica “no se piense que viene la policía detrás”. Así, aseguró que el concurso “se sacará adelante en las mejores condiciones”.
