martes 17/5/22

La portavoz parlamentaria de Nueva Canarias (NC) en la materia, Carmen Hernández, avanzó este viernes que priorizará la emergencia habitacional en el acceso a la vivienda pública durante la tramitación del plan canario para el periodo de 2020 a 2025. La parlamentaria del grupo nacionalista progresista iniciará, el próximo lunes, el trabajo de la ponencia con el objetivo de “compensar” la ausencia total de políticas públicas en la última década en las islas y para responder a un derecho de los canarios, amparado por el Estatuto y la Constitución.

Según la nota enviada a Cónicas, el Parlamento comienza a tramitar el nuevo Plan de Vivienda de Canarias, según recordó Carmen Hernández, después de que el Gobierno de Canarias presentara esta propuesta en la comisión correspondiente, a finales del pasado mes de julio, como un desarrollo del Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna, suscrito por más de una treintena de colectivos y administraciones públicas.

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Uno de los problemas “más graves y acuciantes” de las familias más vulnerables, englobadas entre los 30.000 demandantes existentes en Canarias, es el acceso a un piso porque, desde 2012, “no se ha construido vivienda pública” alguna, denunció la portavoz de NC.

Un hecho que, unido a los niveles de exclusión social existentes, las consecuencias de la crisis del coronavirus y la especulación en el mercado libre; obliga a que “ahora pisemos el acelerador para compensar esos años de abandono”, declaró.

Para Carmen Hernández, “lo fundamental es atender la emergencia habitacional” de las personas que no tienen garantizado un derecho constitucional y estatutario. Este plan, remarcó, debe estar en el “centro” de la agenda del Ejecutivo de progreso.

Para este grupo parlamentario, se tiene que priorizar la construcción de nuevas viviendas protegidas, en función de la demanda existente en los municipios y destinada principalmente a las personas sin capacidad para acudir al mercado libre.

La creación “inmediata” de una bolsa para atender la emergencia habitacional, en su opinión, es una medida a primar, constatado el repunte de los desahucios por el impago del alquiler. En este sentido, hizo hincapié en el papel de dos organismos de la comunidad, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) para que, en coordinación con el resto de las administraciones públicas y la patronal de la construcción, sean capaces de dar una respuesta “eficaz y rápida”.

Para lograr este objetivo, Carmen Hernández insistió en la necesidad de habilitar los mecanismos destinados a simplificar los procedimientos administrativos y profundizar en una línea de trabajo ya desarrollada, como es la compra de edificaciones construidas para su inmediata puesta a disposición de la demanda.

Abogó por continuar con las Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU), “necesarias para dignificar” la vida de las personas. Un programa que además sirve para generar empleo y reactivar el sector de la construcción, que se complementa con la edificación de 5.791 viviendas públicas de nueva construcción, previstas en el plan.

Las ayudas al alquiler para los menores de 35 años fueron destacadas por la diputada nacionalista por “ayudar” en su proceso de emancipación así como las dirigidas a la rehabilitación de los pisos de particulares con problemas económicos.

El nuevo Plan de Vivienda de Canarias para el periodo de 2020 a 2025 es un proyecto “necesario y realista”, que responde a las necesidades sociales y económicas del proceso de reactivación puesto en marcha para superar la grave crisis provocada por la pandemia, reiteró Carmen Hernández.

Con una inversión prevista de 664 millones de euros, se contemplan unas 88.200 actuaciones en todas las islas, tanto en construcción de nuevas viviendas protegidas como en rehabilitación y en ayudas al alquiler para las familias más vulnerables. Carmen Hernández se ratificó en la opinión de que pocos asuntos habrá tan relevantes, que tengan tanto consenso social y político, como la necesidad de impulsar en Canarias un plan de estas características.

El Gobierno priorizará la emergencia habitacional en el acceso a la vivienda pública
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