El Diputado del Común, Manuel Alcaide, aseguró en el pleno del Parlamento canario que de las quejas ciudadanas recibidas por el órgano sobre la atención pública a la infancia en Canarias dibuja “los mismos problemas funcionales” y un panorama en el que se concluye que las administraciones “olvidan el principio de responsabilidad pública de protección de los menores”.
Así lo indicó Alcaide durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara regional para presentar el informe anual de este órgano, que en 2007 tramitó 1.227 expedientes de quejas, de las que 664 fueron archivadas, y realizó 4.553 gestiones.
El área de actividades clasificadas, en el que se incluyen las quejas por ruidos y otras emisiones o la colocación de antenas de telefonía móviles, es la que ha registrado el mayor número de quejas ciudadanas, seguidas de las relativas a la lentitud de los servicios de Justicia, Sanidad y atención administrativa.
Sin embargo, junto a estas quejas destacó las relativas a la atención de los sectores sociales más desfavorecidos, en los que destacó las dificultades y posibles retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia y la situación de la atención a la infancia.
Sobre este último punto, dijo que se siguen evidenciando “los mismos problemas funcionales”, con una ausencia de sistemas de prevención de situaciones de riesgo de los menores, descoordinación de administraciones locales, cabildos y dirección general del Menor y falta de protocolos de actuación conjunta.
También se advierte un abuso de la medida de acogimiento residencial, lo que está suponiendo una excesiva institucionalización de los menores declarados en situación de desamparo, frente a la atención por otras alternativas como el acogimiento familiar o profesional.
