De Buenos Aires a Arrecife y del Garrahan al Insular
Defender el modelo del Hospital Insular de Lanzarote no es una cuestión de nostalgia, sino de responsabilidad política y de justicia social. Hablamos de un centro que ha sido referencia en la atención geriátrica en Canarias y en el conjunto del Estado, con una trayectoria que combina asistencia, formación y dignidad para nuestros mayores. No es casualidad que profesionales y ciudadanía lo consideren un pilar del sistema público, ni que exista hoy una movilización creciente para evitar su desmantelamiento.
El debate abierto en torno a su futuro no es técnico, es profundamente político. Bajo el argumento de “modernización” o “traslado”, lo que se está produciendo es un vaciamiento progresivo del hospital. El traslado de los servicios de geriatría al Hospital Doctor José Molina Orosa, defendido por CC, se presenta como una mejora, pero en la práctica implica la pérdida de identidad, autonomía y capacidad de este centro histórico. Quienes trabajamos por la sanidad pública sabemos que estos procesos rara vez son neutros, puesto que comienzan con traslados, continúan con la reducción de servicios y terminan con el cierre efectivo.
Frente a ese relato oficial tanto del Cabildo de Lanzarote, del Gobierno de Canarias como de los voceros afines al poder, la realidad que trasladan trabajadores, usuarios y organizaciones sociales es otra muy distinta. Denuncian que el modelo del Hospital Insular no solo es una referencia estatal en geriatría, sino también la única unidad docente de esta especialidad en Canarias, y alertan de que su desaparición responde a intereses ajenos a la salud pública. Incluso se advierte de un riesgo claro, dejar caer el edificio y el servicio para abrir la puerta a operaciones especulativas o a fórmulas de privatización encubierta.
No estamos ante un caso aislado. Lo que está sucediendo en Lanzarote conecta con una tendencia internacional que pone en cuestión el modelo de servicios públicos. El ejemplo del Hospital Garrahan en Buenos Aires es ilustrativo y debería servirnos de advertencia.
Allí, el conflicto no comenzó con un cierre anunciado, sino con una estrategia más silenciosa. Con la llegada al poder del ultraderechista Javier Milei, se impulsó una política de ajuste del gasto público que afectó directamente a este hospital, símbolo de la sanidad pública argentina. Recortes presupuestarios, falta de inversión, deterioro de infraestructuras, congelación salarial y sobrecarga del personal fueron generando un progresivo debilitamiento del centro. No se decía que el hospital iba a cerrar, pero se estaban creando las condiciones para que dejara de funcionar como referente.
Ese es el verdadero riesgo. No el cierre inmediato, sino el vaciamiento planificado.
Sin embargo, el caso del Garrahan también demuestra que ese proceso puede frenarse. La respuesta fue contundente. El personal sanitario se movilizó, denunció públicamente la situación y logró trasladar el conflicto a toda la sociedad. Las familias, las asociaciones y amplios sectores ciudadanos salieron en defensa del hospital, convirtiéndolo en un símbolo colectivo. La presión social y la visibilidad mediática elevaron el coste político para el gobierno, que se vio obligado a frenar el deterioro acelerado que podía haber desembocado en un cierre de facto.
No fue una victoria total, pero sí una lección clara, cuando la ciudadanía defiende sus servicios públicos, el desmantelamiento no es inevitable.
Ese patrón de debilitar lo público para justificar su transformación o sustitución, es el que hoy vemos también en Canarias. Las políticas impulsadas por la derecha canaria de Coalición Canaria, en sintonía con la derecha española, avanzan en esa dirección, reducir progresivamente el peso de lo público, abrir espacios a la externalización y convertir derechos en oportunidades de negocio.
El modelo del Hospital Insular de Lanzarote representa exactamente lo contrario a esa lógica. Representa un modelo donde la atención a nuestros mayores no se mide en términos de rentabilidad económica, sino de dignidad humana. Representa la cohesión territorial, garantizando que una isla no capitalina disponga de servicios especializados sin depender siempre de desplazamientos. Y representa, además, memoria colectiva, generaciones de profesionales y pacientes que han construido un espacio de cuidado que no puede ser sustituido por un simple traslado administrativo.
Comparar Lanzarote con Buenos Aires no es exagerado; es evidenciar una realidad. Allí se estuvo cerca de perder un referente sanitario por la vía del desgaste. Aquí estamos aún a tiempo de evitar ese camino.
Por eso, defender la continuidad del modelo del Hospital Insular no es una posición ideológica abstracta, es una obligación política y ética. Exigimos su rehabilitación, su mantenimiento como centro público de referencia en geriatría y la garantía de que no habrá ni cierre ni desmantelamiento encubierto. Es decir, ficha financiera y calendario de retorno. Porque cuando se debilita un hospital público, no solo se pierde un servicio, se pierde un derecho.
Y los derechos, una vez que se pierden, no se recuperan fácilmente.