La gravedad de la inacción: la urgencia de resolver los retrasos en la tramitación de discapacidad y dependencia
La situación que denunciamos las familias y personas afectadas no puede ser ignorada. Familias enteras en Lanzarote están viviendo una auténtica crisis debido a los retrasos de hasta casi 4 años en la tramitación de expedientes de discapacidad y dependencia. Esta demora no solo es una cuestión administrativa, sino una vulneración grave de derechos fundamentales que afecta directamente a la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
Desde enero, no se ha pasado ninguna valoración de discapacidad psíquica, lo que agrava aún más la situación, ya que muchas familias esperan una evaluación que permita acceder a los recursos y apoyos necesarios. Aunque las valoraciones de discapacidades físicas no están mucho mejor, también enfrentan retrasos considerables.
Sabemos que esto es competencia del Gobierno de Canarias, pero desde el Cabildo de Lanzarote se firmó un convenio para solventar los retrasos y mejorar la situación. Sin embargo, la realidad es que esto no ha funcionado; al contrario, la situación ha ido a peor. Desde el Cabildo se informa a las familias que se ha introducido personal para agilizar los procesos, pero la realidad es que ese personal se encuentra de baja o en formación, lo que impide una resolución efectiva y rápida de los expedientes.
La inacción de las administraciones pertinentes está teniendo consecuencias devastadoras: familias que pierden ayudas económicas esenciales, deducciones fiscales, becas educativas y oportunidades de empleo adaptado. Mientras tanto, los derechos de menores y adultos dependientes se ven sistemáticamente vulnerados, en un contexto donde la urgencia y la eficiencia deberían ser prioritarias.
Es inadmisible que en pleno siglo XXI, las instituciones permitan que estos expedientes se eternicen, dejando a muchas familias en una situación de indefensión y abandono. La gravedad de esta situación exige una respuesta inmediata y contundente. No podemos seguir permitiendo que la burocracia y la ineficacia administrativa sigan poniendo en riesgo la inclusión, la dignidad y el bienestar de quienes más lo necesitan.
Por ello, es fundamental que los responsables políticos, asuman su responsabilidad y pongan los medios necesarios para resolver este impacto negativo de forma colectiva. No basta con acciones individuales o soluciones parciales; se requiere un compromiso firme y coordinado para agilizar los procesos, reducir los tiempos de tramitación y garantizar que ningún derecho quede en suspenso por culpa de la lentitud administrativa.
Las administraciones tienen la obligación de actuar con urgencia, implementando medidas extraordinarias para resolver el colapso en los servicios de valoración y garantizar que las familias puedan acceder a los recursos y derechos que les corresponden por ley. La justicia social y la protección de los derechos de las personas con discapacidad no pueden esperar más.
Es momento de que las autoridades, en especial Marci Acuña y Oswaldo Betancort, actúen con responsabilidad y celeridad. La vida y el bienestar de muchas familias dependen de ello.