Educación pública y autogobierno

La primera legislatura autonómica, desarrollada entre los años 1983 y 1987, supuso poner en marcha una ingente tarea en el camino de construcción del recién estrenado autogobierno. Todavía estaban por definirse, recibirse y ponerse en funcionamiento las competencias que fueron llegando posteriormente en las más diversas áreas. En esos momentos se comenzó a edificar, con escasos medios, pero mucha voluntad, entusiasmo y convicción autonomista, la arquitectura inicial del Gobierno de Canarias en todos sus ámbitos.

Pero si en algo destacó aquel Ejecutivo presidido por el socialista Jerónimo Saavedra fue, tras la recepción de las transferencias educativas, por el enorme esfuerzo inversor que llevó a cabo para superar las enormes deficiencias que presentaba nuestro sistema educativo, muy olvidado por el hasta entonces imperante centralismo.

Nuestra Comunidad partía de una situación caracterizada por el profundo atraso respecto al resto del Estado español. Con la presencia, todavía, de altas tasas de analfabetismo entre la población del Archipiélago. Con la realidad de numerosos colegios que se encontraban desdoblados en turnos de mañana y de tarde, al no disponer de suficientes plazas para escolarizar a nuestros niños y niñas. Con notables carencias de infraestructuras educativas dignas en numerosos municipios del Archipiélago. Con unas plantillas docentes claramente insuficientes.

Las reclamaciones educativas se expresaron en las calles desde el comienzo de la transición. Los enseñantes demandaban “escuela canaria y maestros canarios”, con planteamientos nítidos respecto a la mejora de la calidad y de la propia formación docente. Exigiendo, además, que el sistema educativo facilitara el conocimiento de nuestra geografía, historia o cultura, absolutamente ocultadas en la larga noche del franquismo. Lamentablemente, cinco décadas después, nuestros jóvenes siguen sin tener un conocimiento básico del pasado indígena de la Islas o de la Canarias posterior a la conquista y colonización.

A finales de los setenta comenzaron a celebrarse las entusiastas escuelas de verano de Canarias -definidas como espacios de encuentro, de intercambio y de debate de las comunidades educativas-, impulsadas por los movimientos de renovación pedagógica. Iniciándose, también, el surgimiento y consolidación de los sindicatos, algunos específicos del sector docente y con una gran base social y capacidad movilizadora.

Empleo y estabilidad laboral

Hubo, en distintas etapas, momentos de elevada conflictividad. Desde el boicot a las oposiciones en 1977, movimiento centrado en el empleo y la estabilidad laboral (“Ningún niño sin escuela, ningún maestro sin trabajo” era uno de sus lemas), cuando todavía se dependía del Ministerio de Educación estatal, al conflicto de la jornada continua en el curso 87/88, con el Gobierno canario de CDS, AP, AIC y AHI.

Más tarde, desde sindicatos que desde principios del autogobierno contaban con una gran capacidad organizativa y de presión, se plantearon muy distintas reivindicaciones: a favor de la homologación salarial con el resto de los funcionarios, por la estabilidad del profesorado interino, en contra de la tutoría de tarde en enseñanzas medias o exigiendo más recursos económicos para la educación.

También en el rechazo de algunas de las leyes educativas, especialmente, pero no solo, contra la denominada Ley Wert (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, del año 2013). Con importante participación del alumnado, en distintas etapas, en muchas de las movilizaciones del sector. Con el papel, asimismo, desplegado por las organizaciones de padres y madres de alumnos (ampas).

Dos universidades

Igual sucedió en el ámbito universitario, especialmente por las masivas manifestaciones, en los años 1982 y 1988, en defensa de la creación de una universidad completa en Las Palmas de Gran Canaria, en la que ya existía la Universidad Politécnica (creada en 1979) y algunos centros dependientes de La Laguna, como Medicina o Magisterio.

Habría que esperar hasta 1989 para que esa reclamación fuera hecha realidad, con la aprobación por nuestro Parlamento de la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias. Desde entonces el sistema educativo superior canario cuenta con dos universidades públicas con una amplia oferta de estudios, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, que forman a decenas de miles de estudiantes cada año, que investigan y que colaboran entre ellas.

Los años noventa fueron de cambio, con el proceso de implantación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) por la Consejería de Educación que dirigía José Mendoza. Entre sus ejes, la ampliación de la escolarización obligatoria hasta los 16 años, la creación de la ESO, la instauración de un nuevo modelo de Formación Profesional estructurado en ciclos (medio y superior) y el establecimiento de la educación infantil.

Ley Canaria de Educación

Y, ya en este siglo XXI, sectores docentes, ampas y distintos ayuntamientos de las Islas impulsaron una ley de iniciativa popular en defensa de la educación pública de las Islas, apoyada por decenas de miles de firmas ciudadanas. Tras su tramitación parlamentaria esta se plasma en la Ley Canaria de Educación no Universitaria (2014).  Una ley que tiene como objetivo “regular el sistema educativo canario y su evaluación, de modo que pueda convertirse en un instrumento eficaz para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, inclusiva e integradora, que garantice la equidad y la excelencia, la prestación de un servicio público esencial y convertirse, a la vez, en uno de los motores del desarrollo social, económico y cultural del archipiélago”.

Una ley que todavía cuenta con algunos aspectos por desarrollar plenamente, sobre todo su claro mandato de llevar la inversión educativa hasta alcanzar el 5% del PIB canario. Con el Gobierno de Progreso (2019/2023) nos acercamos mucho a ese objetivo (4,63% en los Presupuestos del año 2023); el actual Ejecutivo de las dos derechas nos ha alejado del mismo (4,07% en las cuentas públicas de 2026).

Tras más de cuarenta años ejerciendo las competencias en materia educativa, podemos concluir que Canarias ha avanzado mucho en este ámbito, aunque todavía queden tareas pendientes para situarnos en las medias estatales y europeas en varios parámetros. Con lastres como el repunte del abandono escolar temprano y los bajos niveles de escolarización en educación infantil 0-3 años. Precisándose, asimismo, mejoras en las infraestructuras educativas (y su adaptación al cambio climático), plantillas docentes. Formación Profesional o atención a la diversidad. Para lograr un sistema educativo con mayor equidad e inclusión.

En todo ese camino recorrido, la Comunidad Canaria ha demostrado que se pueden impulsar los cambios educativos desde el autogobierno. Que tenemos competencias, capacidad y recursos para superar nuestros problemas y déficits. Desde el autogobierno se logró la escolarización plena, la homologación, una sensible mejora de las infraestructuras, el impulso en la enseñanza superior y, en definitiva, la mejora global de nuestro sistema educativo.

Se precisa seguir avanzando, con un salto cualitativo que nos equipare a España y Europa y que podemos hacer desde aquí. Se trata, esencialmente, de poner a la educación como prioridad social y política por su carácter estratégico. Y de dotarla de los recursos necesarios y de la más adecuada gestión orientada a su permanente mejora. Para que repercuta positivamente en la calidad de vida de las actuales y de las futuras generaciones de canarios y canarias.