Hay una curiosa coincidencia cada vez que un país intenta proteger a los menores en internet: aparecen señores muy ricos, muy indignados y muy ofendidos hablando de libertad. No de la libertad de los niños, claro. De la suya.
La propuesta de restringir el acceso a redes sociales a menores de 16 años en España ha provocado exactamente eso: una pataleta digital de manual. Y, sinceramente, cuando quienes se enfadan son los dueños del negocio, suele ser buena señal.
Las redes sociales no están diseñadas para educar, acompañar ni cuidar. Están diseñadas para enganchar, para medir dopamina, para explotar inseguridades y para convertir cada emoción —también las de un menor— en un dato vendible.
El cerebro adolescente no ha terminado de desarrollarse. Exponer a un menor a un ecosistema basado en la comparación constante, la validación externa y el estímulo permanente no es libertad, es abandono con wifi.
Elon Musk decidió llamar tiranía a una medida pensada para proteger a niños. Desde una red donde la moderación es casi decorativa, confunde regulación con censura y protección con ataque personal.
Pavel Durov, fundador de Telegram, tampoco tardó en alertar de un supuesto Estado autoritario. Curioso concepto de libertad el de quienes gestionan plataformas donde el anonimato, la desinformación y los contenidos nocivos circulan sin freno, pero se escandalizan cuando alguien menciona la palabra responsabilidad.
Restringir el acceso a redes sociales hasta los 16 años no es censura. Es el mismo principio que no dejar conducir, votar o firmar contratos a un menor. Nadie grita dictadura por eso, salvo quienes pierden dinero.
Esto no va de apagar pantallas. Va de poner límites a plataformas que no han demostrado saber autorregularse. Va de que la salud mental pese más que el engagement.
Si esta medida molesta a multimillonarios tecnológicos, si provoca enfados en Silicon Valley, si toca intereses económicos muy concretos, entonces probablemente vamos por el buen camino.