Cuando el mercado manda y la Constitución estorba

No es un matiz técnico ni un debate menor. Es una elección.

Porque cuando millones de personas están al límite para pagar su casa, no hay término medio: o proteges a la gente o proteges el negocio. Y esta vez, el Partido Popular, Vox y Junts han dejado clara su posición. El Partido Nacionalista Vasco, por su parte, optó por la abstención, esa forma tan sofisticada de no asumir el coste político de una decisión.

Luego vendrán los discursos sobre la libertad de mercado. Sobre la libertad de fijar precios. Sobre la libertad, en definitiva, siempre que se pueda pagar.

Porque la vivienda, según la Constitución española, no es un lujo. Es un derecho. El artículo 47 no deja margen a la ambigüedad: los poderes públicos deben garantizar el acceso a la vivienda y evitar la especulación.

Evitarla.

No contemplarla. No justificarla. No dejarla hacer.

Evitarla.

Y aquí es donde la política se vuelve incómoda. Porque España no es un Estado centralizado en materia de vivienda. Las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, que tienen capacidad real para planificar vivienda pública, regular el suelo, intervenir en el mercado del alquiler y diseñar políticas de acceso.

Y sin embargo, muchas de esas comunidades llevan años gobernadas por quienes hoy critican cualquier intento de regulación. El Partido Popular y Vox gestionan territorios donde el problema de acceso a la vivienda no ha hecho más que agravarse. En Canarias, además, con la participación de Coalición Canaria.

La pregunta es inevitable: ¿dónde está la vivienda pública que debía haberse construido? ¿Dónde están las soluciones estructurales que el mercado, supuestamente, iba a corregir por sí solo?

Porque cuando el mercado de la vivienda se convierte en una máquina de expulsar a la gente de sus barrios, cuando trabajar ya no garantiza un techo y cuando el alquiler se convierte en una carga insoportable, la inacción también es una forma de gobernar.

Pero hay algo más. Porque si la especulación se dispara y el acceso a la vivienda se deteriora, cabe preguntarse por qué no se activa otro principio constitucional: el del artículo 128.2, que establece que toda la riqueza del país está subordinada al interés general.

Resulta llamativo que la Constitución sea invocada con firmeza en algunos debates, pero se vuelva flexible en otros.

Aquí nadie está planteando eliminar el mercado ni cuestionar la propiedad privada. Se trata de algo más básico: establecer límites razonables en un ámbito esencial para evitar que el derecho a hacer negocio se imponga sobre el derecho a tener un techo.

En una crisis de vivienda sin precedentes, las decisiones políticas importan. Y también las omisiones.

Porque si no se regula, alguien pierde.

Y si no se protege, alguien se queda fuera.