Consecuencias de la resolución del contrato con Canal de Isabel II
Antes de nada, me gustaría dejar claro que lo que suceda con el ciclo integral del agua en Lanzarote tiene que ser una decisión que tomen los lanzaroteños. Aunque hace años que elegí esta maravillosa isla como lugar de descanso tras una más que merecida jubilación, aunque soy de Madrid (nací en Toledo pero en la capital de España todo el mundo que llegó de crío es de allí), también me preocupa el lugar en el que resido más o menos tres cuartas partes del año. Y me preocupo en general por seguir la actualidad local, y por los temas que nos afectan. El problema de la vivienda, como en toda España, es uno de ellos; sin embargo, aquí, donde no se puede gestionar el agua de lluvia porque llueve muy poco, salvo en este generoso invierno, la falta del líquido elemento o los problemas que se han producido en los últimos años es el número uno indiscutible de los temas a tratar, y a resolver.
Siendo de Madrid, soy consciente de que no es de recibo lo que ha pasado en estos años con Canal Gestión y con Canal de Isabel II. Dicho eso, como me considero una persona pragmática y de números, entendí desde el primer momento que la decisión que se tomara tras su idea de marcharse debería ser rápida, lógica, práctica y lo menos perjudicial para el interés público. Ahora me he enterado de que el Cabildo, y supongo que luego los ayuntamientos, quieren rescindir el contrato con la otra empresa pública madrileña y secuestrar el servicio.
Para entender las consecuencias que la decisión sobre cómo se va a gestionar el agua en Lanzarote puede tener hay que partir de varios datos fundamentales: en la actualidad la gestión del agua se realiza de forma indirecta mediante una concesión a Canal de Isabel II. Las tarifas que se cobran por el agua no se actualizan desde el año 2011, cuando desde el año 2011 hasta la actualidad la inflación supera el 30% y, según parece, la guerra en Irán va a disparar el precio de la energía. Las pérdidas económicas anuales, esto es, el déficit de la empresa, superan los 10 millones de euros. Esto quiere decir, y perdón por el tostón de tanto número, que los gastos superan los ingresos en 10 millones de euros. Las pérdidas en red, es decir, las pérdidas de agua, superan el 50%, de modo que de cada 100 litros que se producen se pierden 50 litros en el camino como consecuencia del mal estado de la red. Las pérdidas en red luego dan lugar a que los cortes de agua superen el 50% de los días en muchos municipios.
Un desastre que habría que solucionar de forma urgente. Ante esta situación, la concesionaria, Canal de Isabel II, comunicó que se quiere ir y que iniciaba un procedimiento para ceder su contrato y que otra empresa venga a gestionar el ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa, para lo cual necesitaba autorización del Consorcio, del Cabildo y de los siete ayuntamientos. Creo que aquí, desde luego, habría que despolitizar el asunto, apartar el tema de los habituales rifirrafes que veo que son tan frecuentes por aquí, como lo son en sociedades pequeñas donde hay mucho poder económico. Pueblo chico… El Consorcio, a su vez, inició un procedimiento de extinción del contrato, acusando de incumplimiento a Canal de Isabel II. Es decir, tanto el Consorcio de Lanzarote como el Canal están de acuerdo en que esta última debe salir. El problema es el cómo y las consecuencias.
El Consorcio, inicialmente, entre la resolución y la cesión, acordó negociar la salida y optó por permitir la cesión del contrato a un tercero, que está establecido en un documento que me he molestado en leer para saber de qué iba a opinar, pero impuso condiciones: la más importante, una inversión de 35 millones de euros a quien entre para reparar las pérdidas de la red.
Canal de Isabel II acaba su proceso de licitación de cesión en el que el candidato es una UTE compuesta por Sacyr y Aqualia, que deberá invertir los citados 35 millones. No parece imposible teniendo en cuenta que hablamos de dos multinacionales de notable prestigio que ya gestionan ciclos integrales del agua en otras zonas, en todas con éxito. Este posible tercero, Sacyr-Aqualia, pone, sin embargo, una condición para invertir los 35 millones, y es que las tarifas congeladas desde 2011 se actualicen. Y aquí es donde comienza el problema. Parece que la parte política lo entiende y la sociedad lo entiende, que sin esa actualización de las tarifas nadie, ni siquiera la parte pública, podría asumir hoy en día la gestión de una compañía así. Como en cualquier externalización de servicios, que es lo que se hace en las sociedades modernas y avanzadas, las empresas que dirigen las operaciones tienen que sacar un beneficio. Si no, es imposible que nadie licite nada.
Curiosamente, operadores distintos a los propuestos por Canal de Isabel II también quieren llevarse la gestión del agua, pero lo hacen con malas mañas, como se dice en Canarias. Incluso sembrando dudas sobre las condiciones del contrato y sobre la actualización de los precios, tema realmente absurdo que espero que no prospere. Porque lo que debe prosperar, insisto, es un acuerdo entre las partes que sea beneficioso para el interés público, y que se eviten los pleitos que tanto daño han hecho en el pasado. Ya lo dice el dicho gitano, tengas pleitos y los ganes. Me cuesta creer, como oigo de gente que sabe de la materia, que algunos prefieran resolver el contrato para posteriormente sacar una asistencia por emergencia y más tarde una licitación. Son los que quieren una intervención o secuestro de la concesión aun a sabiendas de que difícilmente se puede llevar a cabo antes de que finalice la resolución y con los riesgos económicos y jurídicos que ello comporta, incluido el pago de nóminas a los trabajadores.
En caso de resolución, y hasta que se saque un nuevo concurso, una nueva licitación, que tardará unos dos años, elecciones al Cabildo mediante, el Consorcio gestionaría directamente el agua en Lanzarote. El problema es que difícilmente el Consorcio va a poder gestionar el agua y ello porque el servicio no es sostenible, tiene pérdidas y, si no es sostenible, no se puede proceder a su gestión directa, salvo que el Consorcio apruebe una importante subida de tarifas. Y la no subida de tarifas ha sido, precisamente, la excusa para rechazar la cesión del contrato.
Esta operación, sin embargo, es de alto riesgo para el Consorcio y su presidente. Si el Consorcio secuestra y resuelve el contrato y pasa a gestionar temporalmente de forma directa el agua, se va a encontrar muchos problemas:
1. A partir de que el Consorcio asuma la gestión directa del agua los cortes serán responsabilidad directa del Consorcio y su presidente.
2. El Consorcio tendrá que realizar inversiones millonarias en poco tiempo para evitar las pérdidas en red.
3. Los costes del agua y, en concreto, el petróleo, se están disparando.
4. Las tarifas no cubren los gastos del agua y tendrán que subir más de un 30% en año electoral, lo cual es improbable. Si no sube las tarifas no habrá para pagar o bien la energía o bien las nóminas o bien los proveedores.
Ante estas circunstancias se avecina una nueva INALSA. Esto es, la quiebra del agua de Lanzarote. No lo va a tener fácil el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, a quien le deseo la mejor de las suertes, entendiendo que es alguien honesto y cabal. El hombre habla del Consejo Consultivo de Canarias, de Canal de Isabel II, de servicio directo… Son muchas posibilidades que se deben cerrar, y ya veremos qué pasa este lunes en la asamblea extraordinaria del Consorcio.
Como vecino de la Isla y como amante de una gente que me acogió como no me habían acogido jamás en ningún sitio, espero que la solución que se dé esté a la altura del pueblo al que se representa, que necesita de una vez por todas acabar con una situación insólita e inasumible en estos primeros años del siglo XXI.