Unanimidad total en el Congreso contra los precarios en España
Una propuesta seguro que la conocen, es de la que se habla hoy: Sumar planteaba medidas orientadas a limitar la subida de los alquileres en un contexto de emergencia habitacional evidente. Una iniciativa que, con sus aciertos y sus límites, intentaba intervenir sobre uno de los principales factores de expulsión social y precariedad en España: el precio de la vivienda. El Congreso votó no, lamentablemente. Pero había otra propuesta, de la que probablemente no sepan nada, porque no es políticamente correcta ni está en el debate, porque afecta a un tema tabú en España, lo que pasa con los menores no extranjeros tutelados por las administraciones. El grupo parlamentario de Vox llevó una reforma para modificar el sistema de tutela de menores, proponiendo que sea un juez -y no un trabajador social de la Administración- quien decida la retirada de la tutela a las familias.
En este punto es importante aclarar que no soy yo en absoluto defensor de la proclamas y propuestas de este partido de ultraderecha, más bien al contrario: haciendo campaña directa contra su horrible "Prioridad Nacional", a la que enfrentamos la Protección Canaria, por no hablar de otras barbaridades que han sacado. Pero da la casualidad que en este asunto de los menores no iban mal enfocados, y bien que lo saben los que me siguen, porque llevamos mucho tiempo denunciando lo que ocurre con las tutelas, la cantidad de abusos y sufrimientos que encierran, y el dineral que mueven en este entramado, donde un trabajador social es poco menos que Dios, y tienen en la ley hasta un artículo a modo de comodín que permite retirar a un menor por cualquier cosa que crea conveniente el funcionario.
En este contexto, con la que está cayendo, con noticias casi diarias de barbaridades en los centros, con niñas tuteladas prostituidas, drogadas, deprimidas, abandonadas, fugadas o maltratadas, resulta muy oportuno que se haga como se hace, por ejemplo, en Inglaterra, donde es un juez el que actúa a priori validando o no la tutela. Cierto que la propuesta de Vox también iba cargada de elementos ideológicos, pero al menos ponía sobre la mesa un debate real: la falta de garantías en los procedimientos que afectan a menores y familias en situación de vulnerabilidad. Y aquí otra vez el Congreso votó no.
Sorprende ver cómo, los extremos se tocan, y dos bloques políticos enfrentados, con dos diagnósticos diametralmente distintos, coinciden absolutamente en el desenlace: ninguna respuesta. Y este es el verdadero consenso que hoy domina la política española: la incapacidad -o la negativa- a afrontar los problemas estructurales que afectan a los sectores más frágiles de la población. Las familias vulnerables, los niños que sufren, no importan ni a unos ni a otros. Y así, mientras los alquileres siguen disparados, miles de familias continúan destinando casi todos sus ingresos a la vivienda, cuando no enfrentándose directamente al desahucio. Mientras tanto, el sistema de protección de menores sigue generando situaciones de enorme dolor para familias, niños y adolescentes intervenidos sin garantías suficientes. Y cuando llega el momento de que sus señorías decidan hacer algo, el resultado es el mismo: bloqueo.
Esta es la política de hoy: un campo de trincheras donde cada propuesta se valora solo en base a quién la presenta. Si viene del adversario, se rechaza. Si implica ceder terreno, se descarta. Si incomoda al relato propio, se ignora. El resultado de esta lógica no es la victoria de unos sobre otros. Es la derrota de la ciudadanía, frente al negocio. El negocio, sí: el de los fondos de inversión, los rentistas, los del vacacional, los extranjeros ricos y los paramilitares de la desokupación por un lado, y el de todas las empresas, técnicos, psicólogos, funcionarios y ONGs que viven de lo que cuesta un menor tutelado en España. Pero fuera del Congreso hay gente que no puede pagar un alquiler, familias que temen perder a sus hijos, jóvenes que no pueden emanciparse y trabajadores que, aun teniendo empleo, viven en la precariedad permanente. Por esta gran mayoría nadie legisla. Luego no se sorprendan, unos y otros, derecha, izquierda, ultraderecha y ultraizquierda, de la mala prensa que tienen los políticos en España: aquí tienen la respuesta.
En definitiva, ayer el Congreso nos dio una lección lamentable de lo único en lo que pueden ponerse de acuerdo: en no hacer nada. Podían haber olvidado por un momento los odios y animadversiones que se tienen, y tratar de ponerse de acuerdo o llegar a consensos mínimos en cuestiones tan importantes, pero no, no tuvimos esa suerte. El problema es que en política, no hacer nada es también una forma de tomar partido.