Ley P.P.P: Injusticia y fracaso

A finales de 1999 se aprobó en España una normativa que, bajo el pretexto de la seguridad pública, camufló una de las mayores injusticias legislativas hacia el mundo animal: la Ley de Perros Potencialmente Peligrosos (P.P.P.).

Diseñada desde el desconocimiento y salpicada por intereses particulares frente a la irrupción del American Pit Bull Terrier (A.P.B.T.), esta ley nació con un stigma de origen.

Lejos de solucionar el problema subyacente —que reside exclusivamente en la irresponsabilidad, la educación deficiente y el uso delictivo de los animales por parte de un sector muy concreto de la población—, la ley se convirtió en una herramienta puramente recaudadora. Una norma que fomenta el miedo, el odio y la discriminación, y cuyos efectos colaterales iniciales fueron devastadores: en sus primeros dos años de vigor, se calcula que provocó el abandonos y sacrificio de entre 35.000 y 40.000 perros catalogados bajo estas siglas. Una auténtica sangría que, lejos de enmendarse, se ha perpetuado con hasta seis modificaciones orientadas a endurecer la norma por criterios puramente estéticos.

Para analizar el impacto real de este texto legal, resulta imprescindible desgranar cinco cuestiones fundamentales:

1. ¿Qué base científica defiende su credibilidad?

Ninguna. No existe un solo informe etológico o veterinario riguroso que avale que la peligrosidad de un can dependa intrínsecamente de su raza o su morfología. La agresividad es un factor multicausal donde influyen la genética individual, la socialización y, sobre todo, el manejo del guía. Catalogar a un animal como "peligroso" al nacer solo por la forma de su cráneo carece por completo de rigor científico.

2. ¿Han disminuido estadísticamente los ataques desde su implantación?

Rotundamente no. Los datos desmienten la eficacia de la ley. Estudios exhaustivos, como el realizado en su día por el Colegio de Veterinarios de Barcelona junto a expertos en etología, demostraron que la incidencia de mordeduras no descendió tras la aplicación de la norma. Al centrar el foco en unas pocas razas específicas, se dejó de lado el control real sobre el resto de la población canina.

3. ¿Garantiza esta ley un mínimo de sentido común y justicia?

Al contrario, es una ley que condena al inocente. Impulsada por el sensacionalismo de cierta prensa amarilla, la normativa vulnera flagrantemente las 5 libertades del bienestar animal reconocidas por la Unión Europea. Al obligar al uso permanente de bozal y correas cortas, se impide la correcta socialización, el juego y el desarrollo natural del perro, convirtiendo la ley en un generador de ansiedad para el animal y en una "fábrica de dinero fácil" para la administración.

4. La burocracia exigida: ¿Control o negocio?

Resulta bochornoso y ofensivo el actual sistema de licencias administrativas renovables cada cinco años, que trata al perro como una máquina peligrosa y no como a un ser sintiente.

Propuesta de reforma: Si las tasas de esas licencias se invirtieran en cursos obligatorios de educación canina básica para los propietarios, el panorama cambiaría drásticamente. Asimismo, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil debería ligarse a criterios lógicos —como el peso (por ejemplo, a partir de los 20 kilos)— y no a la raza del animal.

5. ¿Por qué se incluyen solo determinadas razas?

La intrahistoria de la ley señala directamente a dinámicas de mercado de finales de los noventa. Es de sobra conocido el debate sobre cómo ciertas razas ampliamente populares quedaron fuera de estas listas negras por puros intereses comerciales y de lobby de la época, mientras que otras fueron cruelmente demonizadas con el único fin de frenar su proliferación y arruinar su popularidad frente a la competencia de los criadores tradicionales.

Este es un debate largo y tendido, pero la conclusión es clara: la legislación actual ha fracasado en su propósito de proteger y ha triunfado en su capacidad de discriminar. A pesar de que los dos directores del partido SUMAR llegaron al despacho prometiendo la derogación total de esta ley, la realidad sigue estancada para los afectados. Es hora de que la comunidad de amantes de los animales, profesionales del sector y propietarios responsables se unan firmemente. Se debe exigir una modificación integral de la ley que sustituya el prejuicio por la educación, que castigue al dueño negligente y no al perro inocente, y que devuelva a estas razas el respeto y el lugar que merecen en la sociedad.

Prejuzgar sin conocer es el primer paso de la ignorancia; legislar basándose en ello es una injusticia institucionalizada.