Los grandes olvidados de la nueva Ley de Bienestar Animal
La recientemente aprobada Ley de Bienestar Animal, que tantas esperanzas había despertado en la protección y reconocimiento de los animales en nuestro país, ha dejado una amarga sensación entre muchos profesionales y defensores del mundo canino. Y es que, pese a su objetivo de garantizar la protección y el bienestar de todos los animales, esta ley excluye a los perros de caza y, sorprendentemente, también a los perros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una exclusión que no solo resulta incoherente, sino también profundamente injusta para aquellos animales que dedican su vida a servir a la sociedad.
Estos perros, que junto a sus guías forman unidades policiales, militares o de rescate altamente especializadas, desempeñan labores cruciales: detección de drogas y explosivos, búsqueda de personas desaparecidas, rescate en catástrofes naturales, o protección ciudadana. Sin embargo, el marco legal actual los deja fuera de la cobertura de bienestar que sí se otorga a otros animales domésticos. Una contradicción que minimiza su papel y desatiende su bienestar.
Muchos de estos perros carecen incluso de una identificación oficial visible durante el servicio, algo tan simple como una placa o un número identificativo en su arnés, que permitiría reconocer su condición de perro operativo. Además, se reclama la creación de un carné de vinculación entre el guía y el can, similar al que poseen los perros de asistencia, garantizando así su protección y derechos durante el ejercicio profesional y tras su jubilación.
En países como Canadá, Estados Unidos o México, los perros policiales son reconocidos como agentes K9, con posibilidad de ascenso, condecoraciones y derechos propios. En muchos casos, incluso se les rinde homenaje cuando fallecen en acto de servicio, considerándose una muerte en cumplimiento del deber. En España, sin embargo, estas prácticas siguen siendo excepcionales, pese a que su labor resulta igual de heroica.
Otra cuestión pendiente es la situación logística y económica de las unidades caninas. Muchos guías denuncian que los gastos de manutención y alojamiento de sus perros corren de su propio bolsillo cuando se desplazan a otra comunidad para una formación o una operación. Reclaman que el Estado cubra estos costes, incluyendo dietas específicas para el animal y facilidades de alojamiento. No es razonable que, por falta de regulación, estos profesionales deban pagar de su salario los gastos derivados de una misión oficial.
Asimismo, la falta de una normativa que permita a los perros policiales o de rescate viajar junto a su guía en trenes o aviones, y no en bodega, supone un obstáculo añadido. Si otros países europeos y americanos lo permiten, ¿por qué España no puede reconocer esta necesidad básica? Es una cuestión de bienestar, pero también de eficacia operativa: estos animales acuden a misiones y formaciones donde la rapidez y el vínculo con su guía son esenciales.
También cabe mencionar la situación de los perros de búsqueda y rescate, muchos de ellos pertenecientes a unidades voluntarias. Durante la reciente DANA, varios voluntarios relataron que tuvieron que dormir en coches o bancos porque los hoteles no les permitían alojarse con sus perros. Estos animales, que arriesgan su vida para salvar la de otros, merecen una regulación específica que les permita viajar, pernoctar y trabajar sin impedimentos burocráticos o económicos.
Por último, es necesario apostar por la adopción y la formación temprana. Si los perros destinados a tareas policiales o de rescate pudieran acceder desde cachorros a espacios públicos, transporte o establecimientos, mejorarían su socialización y rendimiento futuro. Y en la fase de retiro, estos héroes de cuatro patas deberían tener prioridad en la adopción. Deberían de llegar a acuerdos con los centros autonómicos de protección animal para llevar acabo un acuerdo para la futura adopción de los agentes K9 y disminuir los grande volumenes economicos de compra de cachorro.
En definitiva, la exclusión de los perros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la Ley de Bienestar Animal es una deuda moral y legal. Estos animales no son herramientas, son compañeros de servicio, agentes con nombre y alma, que merecen el mismo respeto, reconocimiento y protección que cualquier otro animal —y, sobre todo, que cualquier servidor público.
Reconocerlos como agentes K9, garantizar su bienestar y dignificar su labor es una cuestión de justicia, de humanidad y de coherencia legislativa.