Cuando el héroe lleva cuatro patas, pero nadie le abre la puerta
Después de que pasara lo más duro de los seísmos en Venezuela, me detuve a pensar. No en los titulares. No en las fotografías que durante unos días llenan los informativos para desaparecer después con la misma rapidez con la que llegaron. Pensé en quienes aparecen cuando todo se derrumba y desaparecen cuando llegan los reconocimientos.
Y, tras conversar con varias instituciones y asociaciones dedicadas a los perros de búsqueda y rescate, la conclusión fue tan evidente como incómoda: en España estas unidades caninas siguen estando muy poco valoradas por las administraciones públicas.
Lo sorprendente no es solo la falta de reconocimiento. Lo realmente difícil de entender son los obstáculos con los que se encuentran.
Hay equipos que ni siquiera pueden viajar en tren con facilidad para acudir a simulacros o entrenamientos dentro de la península ibérica. Si el entrenamiento se celebra en Portugal, Francia o Reino Unido, los problemas administrativos, burocráticos y logísticos se multiplican hasta el absurdo. Todo ello mientras intentan hacer algo tan sencillo como entrenar para salvar vidas.
Porque eso es lo que hacen.
No entrenan para ganar medallas.
No entrenan para salir en televisión.
Entrenan para llegar antes que la desesperación.
Un perro de búsqueda no nace sabiendo localizar a una persona sepultada entre toneladas de escombros. Tampoco un guía aprende de un día para otro. La excelencia requiere miles de horas de trabajo, formación continua, simulacros internacionales y una coordinación que solo se consigue entrenando una y otra vez.
Y aquí llega otra realidad que pocos conocen.
Muchos de estos equipos están formados por voluntarios.
Sí, voluntarios.
Personas que terminan su jornada laboral y dedican tardes, fines de semana, vacaciones y buena parte de su economía personal para seguir formándose. Muchos cursos, desplazamientos, material veterinario, alimentación, alojamiento o entrenamientos salen directamente de su bolsillo.
Mientras tanto, muchas administraciones miran hacia otro lado.
Ayuntamientos, diputaciones, cabildos, ministerios o responsables de transportes parecen no comprender que facilitar el acceso al transporte o apoyar económicamente la formación de estas unidades no es un gasto.
Es una inversión en seguridad.
Porque cuando un edificio se desploma, desaparece una persona o ocurre una catástrofe natural, ya no importa quién tenía la competencia administrativa.
Importa quién encuentra antes a una víctima.
Y, muchas veces, quien lo consigue tiene cuatro patas.
Lo ocurrido recientemente en Venezuela volvió a demostrar el enorme valor de estos equipos. Diversos perros de búsqueda procedentes de distintos países recibieron reconocimientos por su labor durante las operaciones de rescate.
Un gesto sencillo.
Un gesto justo.
Un gesto que dignifica un trabajo extraordinario.
En España, sin embargo, apenas existe constancia de un perro oficialmente condecorado por este tipo de servicio.
¿Y el resto?
¿Acaso los demás no han encontrado personas?
¿No han trabajado en terremotos, explosiones, derrumbes o desapariciones?
¿Su esfuerzo vale menos porque lo realizan en silencio?
Resulta difícil comprender esa diferencia de trato.
Más aún cuando muchas de estas unidades trabajan de forma completamente desinteresada colaborando con instituciones públicas como Protección Civil, cuerpos de emergencias o ayuntamientos. Lo hacen a través de asociaciones sin ánimo de lucro que mantienen equipos preparados para intervenir cuando cualquier administración necesita activar una búsqueda.
Es decir, existen.
Están preparados.
Responden cuando se les llama.
Pero demasiadas veces solo se acuerdan de ellos cuando ya hay una emergencia.
La prevención nunca da titulares.
La formación tampoco.
La burocracia sí los genera... pero normalmente para impedir que las cosas funcionen.
España cuenta con profesionales y voluntarios de enorme nivel. Lo demuestran cada vez que participan en ejercicios internacionales y cada vez que colaboran en una emergencia real. Sin embargo, siguen faltando medidas que faciliten su trabajo: una normativa que elimine trabas innecesarias para desplazarse con los perros, ayudas para la formación especializada, reconocimiento institucional y una legislación que entienda que estas unidades forman parte del sistema de protección de la ciudadanía.
Otros países europeos ya han dado pasos importantes en esa dirección. Portugal, Italia o Francia han desarrollado modelos de colaboración más sólidos entre administraciones y equipos especializados, favoreciendo la preparación continua y la integración de estas unidades en los dispositivos de emergencia.
La pregunta es sencilla.
Si sabemos que funcionan...
Si sabemos que salvan vidas...
Si sabemos que están dispuestos a hacerlo incluso pagando ellos mismos gran parte de los costes...
¿Por qué seguimos tratándolos como si fueran un recurso secundario?
La seguridad de una sociedad no empieza cuando ocurre una tragedia.
Empieza mucho antes.
Empieza cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos entienden que apoyar a quienes entrenan para salvar vidas no es una opción, sino una obligación.
Porque cuando todo se viene abajo, nadie pregunta quién pagó el último curso del guía.
Nadie pregunta si el perro tuvo dificultades para viajar al entrenamiento.
Nadie pregunta cuánto dinero costó mantener viva esa unidad.
Solo importa una cosa.
Que encuentren a alguien con vida.
Y para eso, hace falta mucho más que buena voluntad.
Hace falta compromiso institucional.