El gobierno de los tribunales equivale a una subversión de la democracia
Unas reflexiones sobre el juicio al Fiscal General del Estado ante el Tribunal Supremo. Cada vez que se realiza un juicio ante el TS me produce una mezcla de miedo y de sobrecogimiento. La misma estancia, la Sala Segunda del TS sombría, las mesas y sillones negros, y unas jueces serios y septuagenarios. Cualquier testigo en esa sala y ante esos jueces tiene que sentirse acongojado. Me surgen unas preguntas. ¿No podrían realizarse estos juicios en una sala más acogedora, menos sombría, en las que penetrase la luz y el aire fresco a través de unos grandes ventanales, y con unas mesas y unos sillones más modernos? ¿No hay jueces más jóvenes, que tengan entre 30 o 40 años, con rostros más risueños, alegres y acogedores, con la suficiente formación jurídica? No tengo la menor duda que los hay. ¿Por qué se dio a conocer el fallo de la condena al Fiscal General el 20-N? ¿Ocurrió algo el 20-N? ¿Por qué tanta prisa? ¿Para evitar una filtración o un aviso a navegantes, dándola a conocer el 20-N? ¿Por qué el presidente del Tribunal, Martínez Arrieta, le dijo al periodista de el.Diario.es, José Precedo, "no nos amenace? ¿Por qué ese mismo presidente permitió que se explayaran sin ningún problema Miguel Ángel Rodríguez y el novio de Ayuso, Alberto González Amador? El primero mintiendo ante el tribunal, despreciando el precepto constitucional del derecho a una información veraz, y a periodistas (y votantes) por tener una “línea izquierdista”, pisoteando la prohibición constitucional de la discriminación por razón de ideas, y envileciendo el ámbito del Supremo. al exhibir una chulería desenfrenada.Y el segundo amenazando, alzando la voz, al Fiscal con sus palabras y sus gestos, acusándolo de ponerlo en la dramática disyuntiva de suicidarse o marcharse de España. Estos dos no fueron advertidos. Ambos no tuvieron problema alguno para expresarse. Sin embargo, José Precedo, por decir que sabía que el Fiscal era inocente, fue interrumpido con malas formas: "No nos amenace”. ¿Quién amenazaba a quién? ¿Se siente Martínez Arrieta amenazado porque tal vez tenía ya decidida -o concertada- una sentencia condenatoria y teme que a posteriori Precedo, revele la fuente y demuestre la filtración?
Sigamos con las preguntas. ¿Cómo calificar las siguientes palabras? “Y con esto, señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal general”. Palabras, cual si fueran emitidas en la barra de un bar, que propiciaron grandes carcajadas en los asistentes a la charla Con estas palabras se jactaba Andrés Martínez Arrieta, presidente de la sala que condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, de sus próximos pasos después de impartir un curso pagado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), primera entidad que presentó querella contra la Fiscalía por posible revelación de secretos.
Como no podía ser de otra manera se ha presentado una querella por estas palabras. Los Comuns, a través de Jaume Asens, sostienen que no fue un chiste. Fue un delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal. Es una filtración de libro.
1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.
2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
En la querella los Comuns sostienen que “la expresión” utilizada por el querellado, “poner la sentencia”, “no es coloquial, sino estrictamente técnica en el lenguaje judicial”. “En tribunales colegiados, 'poner' una sentencia significa que el magistrado es el ponente encargado de redactar una resolución ya acordada por la mayoría en deliberación. Con tal afirmación, el querellado reveló públicamente que la ponencia había cambiado respecto de la inicialmente designada, existía una mayoría formada que desplazaba a la ponente original, y la deliberación se encontraba prácticamente cerrada.
La justicia tiene que ser imparcial. Si no lo es, no es justicia. Es otra cosa muy diferente. Mas, en esta España nuestra hay un grave problema con la justicia, del cual son conscientes la mayoría de los españoles, ya que alrededor de un 80% desconfían de ella. Necesita una reforma en profundidad.
Parece evidente que la Sala Segunda del Supremo no tiene freno. Ella es la que marca la agenda política. Boicoteó la aplicación de la ley de Amnistía igual que antes había reinterpretado, hasta la inoperancia, la reforma del Código Penal que derogaba la sedición y precisaba la malversación. Una y otra vez, la agenda judicial se impone a la agenda del legislador. Una y otra vez, de manera llamativa coincide con la agenda política de la derecha, inspirada por José María Aznar y su consigna de “quien pueda hacer, que haga”, que esta misma semana ha vuelto a repetir. Miguel Ángel Rodríguez, en su tuit aseguró que el Fiscal General 'iría pa'lante': Era un vaticinio y no iba desencaminado.
De los jueces no se espera que marquen el rumbo del país. Para eso están el Parlamento y el gobierno que salen de los resultados electorales. De los jueces se espera que apliquen la ley con previsibilidad, imparcialidad, discreción y profesionalidad, sin protagonizar diariamente la sección de Política en los informativos. Por eso resulta más vigente que nunca la frase lapidaria del jurista italiano Francesco Carrara, que sentenció que “cuando la política entra por la puerta del tribunal, la justicia huye por la ventana”. Si vivir sometidos a la primacía del derecho es un pilar importante de la mayor parte de las formas de democracia, el gobierno de los tribunales equivale a una subversión de la democracia. Estas palabras de Wendy Brown son totalmente aplicables a la España de hoy. El protagonismo de los jueces enorme y continuo ya lo avisaba Dalmo de Abreu Dallari en 2006 al afirmar que nuestro siglo XXI sería el del poder judicial: el XIX había sido el del parlamentarismo por su novedad y su papel como productor de derecho, el siglo XX, el de las dictaduras había sido el del poder ejecutivo. Ahora, según este jurista brasileño, le ha llegado el turno de estudiar y comprender la justicia.