Parece una broma: El Papa pide que Canarias acoja a más inmigrantes

 

La reciente visita política-religiosa del Papa a Canarias con sus llamamientos a una mayor acogida de inmigrantes ha sido recibida con aplausos por unos y con indignación por otros. Entre estos últimos nos encontramos muchos cientos de miles de canarios que consideramos que las islas han llegado al límite de su capacidad de acogida y que quienes piden más solidaridad desde cómodos despachos y sotanas blancas desconocen la realidad que se vive en las calles de nuestras ciudades y centros de trabajo.

Canarias lleva más de treinta años soportando una presión migratoria constante. Centenares de miles de inmigrantes ilegales llegan en pateras, zodiacs y cayucos, mientras otros entran por vía aérea y permanecen en territorio nacional en situación ilegal. Ante esta situación, muchos ciudadanos nos preguntamos cuánto más puede resistir un archipiélago  fragmentado en 8 islas, alejado del continente europeo y con recursos limitados.

En Canarias la vivienda se ha convertido en un lujo para miles de familias residentes, canarias e inmigrantes. Los alquileres están por las nubes, comprar una vivienda es cada vez más difícil y los salarios no crecen al mismo ritmo que el coste de la vida. Mientras tanto, la sanidad acumula listas de espera, los servicios sociales trabajan al límite y los cuerpos policiales denuncian falta de medios.

Ante este panorama, resulta comprensible que gran parte de la población no entienda los mensajes que reclaman una acogida cada vez mayor. Muchos ciudadanos consideramos que la solidaridad tiene límites cuando los recursos son escasos y cuando las necesidades de la población local siguen sin resolverse.

También existe una crítica creciente hacia determinadas oenegés que viven de la gestión de programas relacionados con la inmigración. Por ello, muchos ciudadanos pensamos que se ha creado una industria subvencionada alrededor del fenómeno migratorio. Aunque algunas de estas entidades realizan labores asistenciales, los críticos consideramos que existe una dependencia económica de un problema que parece no tener solución ni final.

La cuestión que muchos planteamos es sencilla: si la inmigración masiva es una responsabilidad moral de toda Europa, ¿por qué Canarias debe soportar una carga tan desproporcionada? ¿Por qué no se distribuye de forma efectiva entre todos los territorios? ¿Por qué las regiones más alejadas de las rutas migratorias pueden pronunciar discursos humanitarios sin sufrir las consecuencias directas de la presión que soportan las fronteras exteriores? Y si la respuesta es que Europa está saturada de inmigrantes, ¿por qué no se cierran las fronteras?

En cuanto al Vaticano, miles de ciudadanos sostenemos que sus mensajes serían más convincentes si la propia Iglesia asumiera una responsabilidad material aún mayor en la acogida de inmigrantes. Los canarios consideramos que no basta con hacer llamamientos morales, sino que también es necesario ofrecer ejemplos prácticos de cómo afrontar un fenómeno tan complejo.

El debate sobre la inmigración suele presentarse como una lucha entre buenos y malos, entre solidarios e insolidarios. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Es posible sentir compasión por quienes arriesgan su vida en el mar y, al mismo tiempo, preocuparse por el impacto que una inmigración descontrolada puede tener sobre los servicios públicos, la vivienda y la convivencia social.

Canarias no puede convertirse indefinidamente en la sala de espera de Europa. La solidaridad es una virtud, pero también lo es la responsabilidad. Y gobernar consiste precisamente en encontrar un equilibrio entre ambas.

Quizá la verdadera pregunta no sea cuántos inmigrantes más puede acoger Canarias, sino cuánto tiempo más podrá mantenerse una situación en la que las soluciones reales parecen sustituirse por discursos y gestos simbólicos que no resuelven los problemas de fondo.

Porque las palabras que apelan al corazón pueden aliviar conciencias, pero no construyen viviendas, no amplían hospitales, no crean empleo ni eliminan la presión que sentimos miles de ciudadanos que observamos cómo nuestras dificultades aumentan año tras año.

Y para más INRY, sabiendo que durante los últimos treinta años de inmigración ilegal, Canarias, el Estado español y la Unión Europea han despilfarrado unos 30.000.000.000 de euros en ayudas a países africanos que continúan enviando inmigración ilegal, así como en todo lo relacionado con la acogida y manutención de estas personas. Dinero que, según muchos ciudadanos pensamos, podría haberse utilizado para construir unas 300.000 viviendas sociales a un coste aproximado de 100.000 euros por unidad, contando con que el Estado aportara los terrenos, los planos y los permisos de obra.

Nota: No pido nada extraordinario, solo un poco de solidaridad compartida. Si el Vaticano quiere dar ejemplo de compromiso humanitario, podría acoger a unos 50 menores extranjeros no acompañados (MENAs) y hacerse cargo de ellos durante tres años. Tomando como referencia el coste aproximado que asumimos en Canarias, unos 3.500 euros mensuales por menor, sería una forma de demostrar con hechos la misma solidaridad que se solicita a otros territorios.

Quizá así la curia comprendería mejor el esfuerzo económico y social que supone esta responsabilidad cuando debe ser asumida de manera continuada por una comunidad que dispone de recursos limitados.

Final: (Y en todo esto si el Vaticano fuera invadido por inmigrantes ilegales seguro es que el Papa ordenaría a su Guardia suiza que los deportara en el acto).