Manual municipal para ignorar la crisis climática
Yaiza no está aislada de las influencias de la política económica mundial; aun así, opta en época de crisis climática grave por apostar por falacias turísticas como el turismo de cruceros. Este des-gobierno municipal, capaz de presentar presupuestos a mitad de año o de no ser capaz de sacar adelante las plazas públicas de Policía Local para hacer cumplir la ley, licita de manera complaciente permisos para dar cabida a estos grandes agentes del colapso climático global.
Esta estética de motor diésel, que deja una huella de carbono desproporcionada, ya es cuestionada en ciudades altamente turístificadas como Venecia o Barcelona. Sin embargo, la política de este municipio parece incapaz de aprender de los errores ajenos, y mucho menos de los propios. Para ello haría falta algo más que gestión administrativa: haría falta autocrítica y sentido de responsabilidad histórica.
Cuando en otros lugares se empiezan a desincentivar este tipo de modelos turísticos, en Yaiza, gobernada por UPY, se insiste sin fisuras en su continuidad. Ni que decir tiene que con estrategias así no se gana ninguna batalla en términos de sostenibilidad. Esta asociación de vecinos con aspiraciones de partido político parece no haberse enterado aún de que vivimos en un punto de inflexión climático, donde hacer política significa negociar con la realidad física del planeta.
Europa exige ahorro de agua y contención de recursos, mientras Yaiza, metafóricamente, intenta secarse con una toalla húmeda. La actitud performativa de esta política local, desconectada de la escala real del problema climático, contribuye a acelerar un escenario de degradación que ya no es hipotético, sino progresivo y observable.
Después de mercantilizar un año más el Día de Canarias, enarbolando discursos de defensa del territorio y vistiendo trajes tradicionales adquiridos en comercios locales, se continúa promoviendo un modelo que tensiona ese mismo territorio hasta el límite. La contradicción entre el discurso identitario y la práctica económica es cada vez más evidente. Los límites biofísicos del planeta ya han sido superados, y seguimos actuando como si fueran negociables.
Este tipo de turismo, especialmente el asociado al modelo del “todo incluido”, plantea además una cuestión estructural: su capacidad real de redistribución de la riqueza es limitada en comparación con su impacto territorial. Gran parte del valor económico se concentra en operadores externos, mientras que el territorio receptor asume la presión sobre servicios, infraestructuras y ecosistemas.
El problema de fondo no es únicamente la llegada de cruceros, sino la persistencia de un modelo de desarrollo basado en la intensificación turística sin límites claros. Se sigue operando como si la capacidad de carga del territorio fuera infinita, ignorando que el agua, el suelo y la energía son recursos finitos y cada vez más tensionados.
Un municipio altamente dependiente del turismo debería extremar la prudencia en cada decisión que incrementa esa dependencia. No hacerlo equivale a hipotecar el futuro por retornos inmediatos. La falta de planificación a medio y largo plazo convierte cada decisión en una respuesta táctica, no en una estrategia.
El turismo de cruceros, además, plantea una paradoja difícil de ignorar: su contribución económica local suele ser relativamente baja en comparación con su impacto ambiental y logístico. El visitante permanece pocas horas, consume de forma concentrada y deja tras de sí una carga significativa sobre infraestructuras y gestión de residuos.
La alternativa no es la negación del turismo, sino su reorientación. Un modelo más distribuido, de menor intensidad, con mayor valor añadido y mayor integración en el tejido económico local permitiría compatibilizar actividad económica y sostenibilidad real. Esto exige planificación, valentía política y la renuncia a la inercia como forma de gobierno.
En última instancia, gobernar en un contexto de crisis climática no consiste en administrar la abundancia, sino en gestionar límites. Y ahí se mide la verdadera calidad de cualquier proyecto político: en su capacidad para anticiparse a la degradación, no para convivir con ella hasta que sea irreversible.