Resistencia cultural
Saludo propuestas nuevas, creativas y diversas que enriquezcan el panorama cultural donde nos movemos, sobre todo si llegan de gente joven y formada en el arte o en la gestión cultural plagada de inquietudes que fomentan la reflexión y cuestionan la homogeneidad. Ayudan a entender las expresiones artísticas porque muchas de ellas tienen aparejadas talleres, no se quedan en una presentación o ciclo de funciones, por tanto, además de entretener, cultivan y construyen público.
Es bueno que personas, colectivos y asociaciones inyecten ideas e ilusión a las administraciones públicas. Los animo a que no desfallezcan aunque en un primer momento sea frustrante tocar puertas y encontrarse con la realidad: representantes públicos poco preparados, sin criterio y con asesores enchufados e incapaces que deciden por intereses partidistas, sesgo ideológico o directamente insensibles a la cultura, a la que miran como un área residual.
De esos que piensan que crear y producir espectáculos culturales es comparable a licitar la construcción de aceras, asfaltar calles o comprar cuadernillos de promoción, para elevar su figura a los altares. Es difícil hacerles entender que la idea no solo tiene un valor, sino que detrás de ella está adquirido el derecho de la propiedad intelectual que cobija no solo la propuesta cultural sino la del artista o artistas que la ejecutan. Como en la artesanía, son piezas únicas y cualquier propuesta tendrá hacedores e identidad propia. Hablo con conocimiento de causa como productor y realizador de documentales culturales.
La Constitución Española reconoce y ampara la propiedad intelectual en todas sus manifestaciones y la creación artística, pero todavía tenemos que soportar a ilustres representantes de partidos constitucionalistas que no se enteran. El artículo 44, concretamente, señala que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tenemos derecho, y esos mismos poderes también tienen la obligación de promover la ciencia, la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
Me resisto a creer que sea vileza, ¡qué va!, “nunca atribuyas a la maldad lo que se explica adecuadamente por la estupidez”, pone una de las citas que transcribe el escritor y filósofo José Antonio Marina en ‘La vacuna contra la insensatez’, libro que me regaló una pareja de buenos amigos a mi regreso de vacaciones, y de verdad que es bastante interesante porque su contenido analiza y desglosa problemas actuales como la política ancestral practicada por hombres y mujeres de hoy, basada en la victoria fugaz y la foto y no en la resolución de problemas.
Si ya es una obligación de los poderes públicos promover la cultura, también es necesario involucrar a los creadores y gestores culturales que ponen sobre la mesa ideas innovadoras que las administraciones pueden financiar o cofinanciar para llevarlas a cabo mediante la contratación directa o concesión de subvenciones.
Las administraciones tienen los mecanismos legales para hacerlo, pero claro, todo depende de la voluntad de los gobernantes y si la cultura forma parte de las políticas prioritarias cualquiera que sea la Institución. En Canarias, la inversión en promoción cultural sigue siendo endeble.
No es suficiente el cumplimiento de la obligación de promover la cultura, sino de hacerlo implicando a los artistas y gestores culturales, ello garantiza mayor empuje y divulgación. Esto es democracia, participación ciudadana, respeto al arte y empatía con la propiedad intelectual en las más que imprescindibles relaciones de colaboración público - privada. La calidad artística y la elección de iniciativas por criterios técnicos y creativos deben estar por encima de la opinión de un político (a) desinformado y perezoso en el aprendizaje.
Ana Yáñez, doctora en Derecho y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, con amplia experiencia en la investigación y trayectoria dirigiendo entidades culturales, expone en una comunicación sobre la financiación de la cultura, que frente a las fórmulas clásicas, “la colaboración público - privada ha de basarse más en el principio de complementariedad que en el mando o tutela de la Administración”.
La académica sustenta que la colaboración debe asentarse en la asunción de responsabilidades de todas las partes, más allá de la solicitud de inversión al sector público o privado. También aboga por la “adaptación de los mecanismos de actuación del sector público a nuevas necesidades de flexibilización. Ello pasa por la simplificación de los mecanismos administrativos”. Sabemos que la burocracia termina enterrando proyectos culturales de interés, así que es meritoria la búsqueda permanente de fórmulas de financiación cultural porque como nos recuerda Ana Yáñez, es un sector que crea, además de valores indiscutibles, riqueza y empleo.