La pérdida de una vida humana en cualquier circunstancia es dolorosa, y mucho peor, si es por algún tipo de acción violenta que deja en entredicho nuestra racionalidad como seres humanos. Hay quienes aseguran que la violencia machista no existe, pero España cuenta 36 mujeres asesinadas en lo que va de 2026 y 1.377 víctimas mortales desde el 1 de enero de 2003, año en que se unificaron los criterios para el recuento de asesinatos por violencia de género. Ni las frías estadísticas sonrojan a mentirosos y negacionistas, que como dirían en mi tierra, son la misma vaina.
Cada vez más a cuentagotas, las noticias se ocupan de la rutina del genocidio en Gaza. Hablamos de más de 70.000 muertos como bebernos un vaso de agua. El supuesto alto el fuego de octubre pasado es un eufemismo utilizado por Israel para hacernos creer que se acabaron las operaciones militares.
En la mayoría de cabeceras de prensa, el genocidio en Gaza dejó de ser noticia de primer nivel, y así, como pasa con otros tantos acontecimientos mundiales donde destaca el derramamiento de sangre, nuestra falta de memoria y la tendencia al olvido se vuelven cómplices de los asesinos.
A pesar de que la historia se repite, no nos acordamos de dictaduras, de su reguero de represión y muerte, de guerras de ayer, las del siglo XX, de asesinos vestidos de presidente, de la acumulación de riqueza a costa de la degradación del bienestar de los pueblos y tampoco del salvajismo machacón de Estados asesinos y déspotas que no aflojan en su empeño de amasar más poder.
Nuestra amnesia inconsciente o selectiva aparta gestos extraordinariamente solidarios de pueblos hermanos y relega el trabajo de ONGs y personas que han puesto y siguen poniendo recursos, capacidades y hasta sus vidas en peligro para aliviar el dolor de millones de víctimas, son los otros Nadies, que ponen su todo y también ponen muertos. Está prohibido, parece, sanar a través de la memoria.
Dato preocupante el que acaba de publicar el pasado mes de agosto Naciones Unidas: 907 personas fueron asesinadas en 2025 mientras trabajaban para salvar vidas en zonas de conflicto. De momento, en 2026, van 82 trabajadores humanitarios muertos en actos de prestación de servicios, 97 heridos y 39 secuestrados en todo el mundo.
Gaza sigue siendo, por tercer año consecutivo, el lugar “más letal” para los trabajadores humanitarios. Seguro que al leer estas líneas, la estadística ya quedó desfasada, porque los drones están siendo un auténtico tormento tanto para la integridad de la población civil como para la seguridad y el trabajo de las ONGs.
Estas organizaciones son acosadas por la desinformación, campañas de desprestigio y el odio que hiere y estupidiza. La ciudad de Ceuta vive una emergencia humanitaria por la insuficiencia de recursos para la atención de personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, sin embargo, la narrativa despiadada de los ultraderechistas que disparan contra quienes trabajan solidariamente apunta a que las ONGs “son mafias que están detrás de la invasión”.
El marco legal de la asistencia humanitaria varía según el país y las organizaciones involucradas en la prestación de la ayuda, pero el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establecen la obligación de permitir y prestar ayuda humanitaria a las poblaciones necesitadas, especialmente en situaciones de conflictos armados o catástrofes.
Hay un retroceso global en el respeto a los derechos humanos mientras avanza la campaña para criminalizar a todo aquel voluntario (a) o profesional que levante la mano dispuesto a ayudar, una campaña alentada y financiada por fuerzas políticas de derecha ultra y organizaciones afines a su servicio con el objetivo de crear desconfianza en las acciones plausibles dirigidas a favorecer a personas desprotegidas. Es inadmisible torpedear la prestación de asistencia sociosanitaria y jurídica y estamos en la obligación de denunciar estos hechos atroces e inhumanos.
No se trata de sustituir al Estado, sino de llegar donde no es capaz de hacerlo por la dimensión de la tragedia, la lentitud de su aparato burocrático o la incapacidad y temeridad de los dirigentes.
Tras el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia, un desastre natural descrito por el presidente (ex) ateo, Abelardo de la Espriella, como “una decisión de Dios para ponernos a prueba, y, con su sabiduría, lo hizo el día que comenzó mi mandato”, la autogestión de la comunidad y las ayudas de ONGs están siendo esenciales ante un gobierno soberbio, desorientado y con respuestas tardías que prefirió, primero, repartir en zonas devastadas balones de fútbol con eslogan político impreso, hacer guiños diplomáticos al Estado sionista y asesino de Israel y autorizar operaciones militares de USA en territorio nacional sin el consentimiento del Senado, antes que redactar y firmar el decreto de emergencia con la batería de medidas encaminadas a paliar la crisis por el sismo.
Si el voluntariado y las ONGs apestan, pues sencillo, que las instituciones públicas pongan todos los medios para atender a todas las personas, pero que tengan muy presente que la solidaridad siempre será un valor humano imparable y necesario que transforma vidas. Ni Dios decide catástrofes ni esperemos que Dios las remedie, así los mercaderes mamarrachos de la fe intenten vendernos sus cantos de sirena.