Frustrado boicot
La palabra inclusión está en boca de todos, y cómo no, de políticos y políticas que la mencionan y repiten en sus discursos, aunque otra cosa bien distinta es si trabajan y están por la labor de desarrollar políticas inclusivas o por el contrario su sentir oculto es discriminar y hablar en público de inclusión como un ‘queda bien’ ante el amplio sector de la sociedad que la reivindica y defiende.
También hay quienes creen en la inclusión e igualdad, pero hacen política de brazos cruzados, pura inclusión de pancarta, fotos y mensajes en redes sociales, y nada más, la inclusión como burdo montaje propagandístico.
La avalancha informativa de los últimos días relacionada con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias y falsedad documental, entre otros, relacionados con el llamado caso ‘Plus Ultra’, por el que tendrá que declarar en sede judicial el 2 de junio, dejó en segundo plano el rechazo del Tribunal Supremo a la solicitud de paralización cautelar del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que tiene en marcha el Gobierno de España.
Esta decisión del Alto Tribunal tumba la pretensión de los cinco peticionarios: Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, Vox, Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia, por tanto, el proceso de regularización sigue adelante y las personas interesadas pueden presentar su documentación hasta el 30 de junio, fecha límite establecida en el Real Decreto.
El Gobierno ha recibido ya 550.000 solicitudes, aunque, de momento, menos de 100.000 han sido las admitidas a trámite. El proceso sería mucho más ágil si el Gobierno de España hubiese coordinado mejor con las comunidades autónomas y ayuntamientos los trámites burocráticos que suelen lastrar las gestiones que realiza la ciudadanía en las administraciones públicas.
Una de las principales trabas es la acreditación del certificado de vulnerabilidad por mucho que haya una guía de preguntas y respuestas frecuentes sobre el papeleo que hay que llevar a cabo para la regularización y un listado de ONGs y entidades colaboradoras publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La maraña burocrática está dificultando el registro de solicitudes.
Con esta regularización, España suma siete procesos desde los años ochenta. De por medio hay razones humanitarias, sociales y demográficas de peso y cobija a personas que residen en situación administrativa irregular que ya están trabajando en la economía sumergida del país y que en adelante podrán cotizar a la Seguridad Social.
El gran mérito es del millar de colectivos antirracistas y defensores de derechos humanos en España, que a través de la plataforma Regularización Ya y de una iniciativa legislativa popular con más de 700.000 firmas recogidas entre la sociedad española, empujaron a partidos progresistas y al Gobierno a sacar adelante la regularización. El boicot, frustrado, de los partidos y entidades de derecha y derecha ultra era contra los colectivos, contra los firmantes españoles y no españoles de la iniciativa popular, pero sobre todo contra la dignidad y derechos de seres humanos trabajadores. Esto no sorprende, pero siempre hay que recordarlo.
El periodismo serio y el periodismo especialista en inmigración también ha jugado un papel esencial informando y ofreciendo distintos elementos para el debate riguroso, y menos mal, porque nos encontramos en una cápsula mediática que vomita odio alentado por partidos que usan la inmigración como bandera patriótica para asustar a la sociedad, pero en su doble moral también usan a la población inmigrante como caladero de votos en época preelectoral y electoral.
Es renegar de la inmigración y luego tocar su puerta para pedir su voto o incluso meter a mujeres y hombres extranjeros en las listas electorales. Aunque las personas regularizadas ahora no podrán votar en las elecciones generales, autonómicas y municipales de 2027, sí que muchos extranjeros como yo, asentados en el país desde hace décadas y con nacionalidad española, podemos y debemos hacerlo. Nuestro voto cuenta igual como el de cualquier español, así que acá vendrán a tocar la puerta a hablarnos maravillas de la inclusión e igualdad, pero sabremos qué responder con educación y contundencia.