Suspendido el juicio de la Audiencia Provincial a una banda de narcotraficantes
Este miércoles quedó suspendido el juicio de la Audiencia Provincial de Las Palmas a ocho personas acusadas de constituirse en una organización dedicada a la introducción y distribución de cocaína en Lanzarote. La razón es que la abogada Isabel Martinón declinó la defensa de uno de los acusados. El defendido solicitó la defensa de un abogado de oficio, quedando el juicio aplazado hasta principios del próximo año 2009.
El principal acusado, J. B. B. P., era quién supuestamente contactaba con desconocidos en Argentina y Perú para importar el estupefaciente a Lanzarote. Según el informe del fiscal, lo hacía “mediante paquetes postales remitidos a nombres de terceros” o bien encargando su transporte a otro de los acusados, C. J. B. Otro de los supuestos principales cabecillas de la banda, M. F. L., participaría, si así lo demuestra la acusación, “en la recepción de la cocaína remitida en paquetería y además era la persona que, en la mayoría de los casos, realizaba la transformación de la cocaína base de aquella que era enviada en forma líquida”. Las cinco personas que presumiblemente completaban la trama delictiva “realizaban labores de venta directa a los compradores consumidores”. Uno de ellos, D. B. M., es hijo del principal acusado, J. B. B. P.
El 23 de mayo de 2006, “C. J. B. arribó procedente de Argentina al aeropuerto de Gran Canaria, introduciendo en el territorio español 4.774 gramos de cocaína con riqueza media de 89,5%, sustancia con la que posteriormente se trasladó a Lanzarote, siendo detenido”. “En el aeropuerto le esperaba J. B. B. P.”, que fue detenido en el mismo instante que su compinche, “siéndole incautados 10.205 euros”.
El 24 de mayo “fue interceptado un paquete enviado desde Perú por correo” con más de 273 gramos de droga, recogido por M. F. L. El resto de los procesados fueron detenidos entre los días 24 y 25 de mayo, encontrándose en los registros de sus domicilios diversas cantidades de estupefacientes. El valor total de la cocaína incautada alcanza un valor de 180.000 euros.
Dos años y medio después de la operación policial, los tres sospechosos principales se encuentran en prisión preventiva, mientras que otros cuatro están en la actualidad en libertad vigilada, tras pasar unos meses en la cárcel.
El fiscal, además de solicitar las penas que van entre once y tres años de reclusión, pedirá el mantenimiento de prisión provisional hasta que se dicte sentencia para los tres principales acusados.