ACN
El Cuerpo Nacional de Policía informó hoy del esclarecimiento de dos falsas amenazas de bomba producidas en Las Palmas de Gran Canaria. En un caso fue un hombre de 35 años que ha sido detenido, y en otro fueron dos menores que serán multados.
El pasado mes de mayo se recibió una llamada en la Sala del 091 de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en la capital grancanaria, en la que un varón anunciaba la colocación de un artefacto explosivo en el interior de un vehículo aparcado en las inmediaciones de dicha Jefatura. De inmediato y por parte de los servicios pertinentes, se procedió a realizar un minucioso examen de todos los vehículos sospechosos, comprobando que se trataba de una falsa alarma.
Agentes adscritos a la Brigada Provincial de Información de esta Jefatura Superior, procedieron a realizar las investigaciones oportunas tendentes a la identificación, localización y detención del autor de dicha llamada, gestiones que se vieron dificultadas por el carácter de anonimato de éste.
Tras varias semanas de intensas y arduas gestiones, el día 28 del presente mes se llevó a cabo la detención, en esta capital, del presunto autor quien resultó ser Antonio Juan G. P. de 35 años, natural de Las Palmas, a quien se le instruyeron diligencias por estos hechos, que están tipificados como un delito de desórdenes públicos y con las que fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.
Por otro lado, miembros de la citada Brigada Provincial de Información, esclarecieron un caso similar que tuvo lugar a finales del pasado mes de mayo en esta capital. En esta ocasión, se trató de otra llamada telefónica recibida en el Centro Coordinador de Emergencias del 112, que anunciaba la colocación de una bomba en el Edificio del Puerto sito en la Plaza Manuel Becerra y que asimismo resultó ser falsa.
Los agentes, con las mismas dificultades que en el caso anterior, lograron identificar a los autores, tratándose de dos menores de 12 y 14 años, que fueron trasladados a las dependencias policiales para ser oídos en exploración, donde reconocieron ser los autores de la llamada, tramitándose las diligencias pertinentes que fueron remitidas a la Autoridad Judicial.
Al tratarse de alteraciones de orden público por parte de menores, se pueden tramitar diligencias a los efectos de la pertinente denuncia y propuesta de sanción, a la que habrían de hacer frente los padres como responsables civiles directos y que suele ser de importancia económica, ya que motivan una alteración de orden público, pueden provocando grave alarma social y una importante intervención policial de urgencia sin motivos fundados.
