La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) valora en nota de prensa la reciente sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Segunda, el pasado 24 de julio de 2025, que confirma íntegramente las condenas impuestas en primera instancia por el Juzgado de lo Penal nº1 de Arrecife el 4 de diciembre de 2024.
Los hechos se remontan al 22 de julio de 2017, cuando dos guardias civiles uniformados fueron brutalmente agredidos en La Santa (Tinajo, Lanzarote) mientras intentaban restablecer el orden público en un altercado. Los agentes sufrieron lesiones graves: uno de resultó con fractura nasal y daños dentales, mientras que el segundo padeció contusiones diversas y secuelas psicológicas posteriores.
La sentencia declara probado que un grupo numeroso atacó a los guardias civiles, que fueron derribados y golpeados con violencia. Aunque varios acusados resultaron absueltos por falta de pruebas suficientes para acreditar su participación, la Audiencia confirma las condenas de cinco de los agresores y ratifica que su implicación en los hechos quedó acreditada.
Un proceso demasiado largo
“Celebramos que se haya confirmado la condena contra los principales agresores de nuestros compañeros, pero no podemos ignorar que este proceso ha tardado más de siete años. Esa dilación se ha traducido en beneficios para los condenados y en sufrimiento añadido para las víctimas”, ha precisado el vicepresidente y portavoz nacional de IGC, Daniel Fernández. “No se puede exponer a guardias civiles a agresiones colectivas y después aceptar condenas parciales. La falta de medios para identificar a todos los responsables es un problema estructural que exige una solución urgente”, ha añadido el representante de la asociación profesional tras conocerse el texto de la sentencia.
“Exigimos que el Estado asuma de forma subsidiaria las indemnizaciones en caso de insolvencia de los condenados. La reparación a los agentes heridos no puede depender de la capacidad económica de quienes les agredieron”, ha reivindicado Fernández.
Condenas confirmadas
Los cinco condenados —D. B. G., K. E. D., J. B. T. R., G. E. H. y D. F. H.— han visto confirmadas sus penas por los delitos de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Las condenas incluyen penas de prisión de entre 5 y 6 meses por el delito de atentado (art. 550 del Código Penal), además de la inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Se les imponen asimismo penas por lesiones en función de la participación acreditada en los hechos. La Audiencia también confirma en su sentencia las indemnizaciones fijadas en la primera instancia por una cuantía que cubre días de curación, tratamiento médico y el perjuicio estético permanente. La sentencia deja además sin efecto la condena en costas impuesta a la acusación particular, de modo que los agentes no tendrán que asumir los gastos derivados de las defensas de los acusados absueltos.
IGC reclama medios de grabación de imágenes que eviten la impunidad
Tras la difusión de este fallo judicial, IGC reclama del Ministerio del Interior de la Dirección General de la Guardia Civil un plan específico de prevención de agresiones, junto con la dotación de más medios tecnológicos de identificación, como cámaras unipersonales y otros sistemas de grabación de imágenes, para evitar la impunidad en ataques colectivos. La asociación solicita, de igual modo, un refuerzo de las plantillas destinadas en las islas Canarias y en zonas sensibles, así como una garantía de que desde la Administración habrá una respuesta judicial ágil y efectiva en casos de agresiones y ataques contra los guardias civiles.
Sobre IGC
Independientes de la Guardia Civil (IGC) es una asociación profesional creada en 2008 para defender los derechos laborales y sociales de los guardias civiles desde la independencia y el compromiso con la mejora del servicio público. Surgida como alternativa a los modelos tradicionales, IGC promueve la transparencia, la dignidad profesional y la igualdad retributiva. Actualmente, representa a miles de agentes en toda España y forma parte activa del Consejo de la Guardia Civil. Su labor se centra en conseguir condiciones laborales justas y una equiparación real con otros cuerpos policiales.
