La Guardia Civil investiga por hospitales y centros de salud de la isla la procedencia del feto encontrado ayer en Sardina
La Guardia Civil ha abierto una investigación por los hospitales y los centros de salud de la isla para esclarecer la procedencia del feto encontrado este jueves dentro de una caja de plástico en las inmediaciones del cementerio de Sardina, en Santa Lucía de Tirajana.
En este sentido, es muy importante conocer si en los últimos días alguna mujer ha precisado asistencia sanitaria que pudiera estar relacionada con una interrupción de embarazo que debió producirse poco después. Si por el contrario, la mujer no hubiese acudido a ningún centro hospitalario, las posibilidades de que se encuentre a la persona que abandonó el feto en un descampado cercano al camposanto se reducen.
El cuerpo del bebé fue encontrado envuelto en una toalla blanca, completamente desnudo y con una piedra encima. Según informó la Guardia Civil, el feto que aún tenía el cordón umbilical, se encontraba semienterrado con una piedra encima y junto a una caja, que contenía una gallina muerta que también se ha recogido como prueba, por si pudiera estar relacionada con el suceso.
Según las primeras estimaciones, podría tener entre tres y cuatro meses de gestación, a pesar de que tendrá que ser cuando se le practique la autopsia cuando se determine concretamente su edad.
Además, ACN Press pudo saber que el cuerpo debería llevar pocos días abandonado pues aún se le distinguían perfectamente las facciones, a pesar de que no se pueda determinar su género debido a la poca madurez del mismo.
La legislación española contempla en el segundo párrafo del artículo 145 del Código Penal, que “la mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause fuera de los casos permitidos por la ley será castigada con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses”.
En el primer párrafo de este mismo artículo, explica que “la mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause fuera de los casos permitidos por la ley será castigada con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses”.
Si por el contrario, la investigación revelase que alguien ha practicado la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la mujer, el texto refleja que “será castigado con la pena de prisión cuatro a ocho años e inhabilitación especial cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos públicos o privados, por tiempo de tres a diez años. Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia, amenazas o engaño” (Artículo 144 del Código Penal).