Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han procedido a la desarticulación de una trama formada por cuatro supuestos empresarios que se dedicaban a estafar a extranjeros indocumentados en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, así como a otras cuatro personas que actuaban como intermediarios entre los anteriores y estos últimos, así como una gestora que se encargaba de tramitar las solicitudes de trabajo y residencia.
La operación, según la policía, viene desarrollándose desde octubre de 2008 y sigue abierta a día de hoy. Las investigaciones se iniciaron tras detectar la Subdelegación del Gobierno de Las Palmas varias irregularidades en las ofertas de empleo a extranjeros, presentadas por el titular de una empresa del sector ganadero en el sur de Gran Canaria.
Ese empresario, Enrique A. L., de 56 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, presentó en un corto periodo de tiempo hasta un total de 80 solicitudes de residencia y trabajo para extranjeros de varias nacionalidades que se encontraban tanto en territorio nacional como en sus países de origen, lo que hizo sospechar a la Subdelegación de que podía tratarse de una empresa 'pantalla' con el único objetivo de obtener permisos de residencia para extranjeros sin papeles.
Las sospechas se convirtieron en realidad, explica la policía, tras comenzar las investigaciones. Así, funcionarios adscritos a la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad (Ucrif), de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas, tras escuchar en declaración a varios de los extranjeros, averiguaron que estos debían de pagar la cantidad de 600 euros a cambio de la oferta de empleo, abonando al “empresario” igualmente otros 200 euros más en concepto de alta a la Seguridad Social si la solicitud del permiso resultaba favorable.
Asimismo se pudo determinar que Enrique A. L. estaba haciendo uso de una serie de intermediarios de Mauritania, Sierra Leona, Ghana y Marruecos, residentes legales en nuestro país, que se encargaban de buscar personas de esas nacionalidades en sus respectivos países, dispuestas a pagar en torno a 3.000 euros por una oferta de empleo que les proporcionara la manera de acceder a España de una forma aparentemente legal.
Por otro lado, la policía comprobó que varias de las solicitudes de ofertas de empleo del supuesto empresario habían sido presentadas en la Dirección Insular de Gobierno de Fuerteventura por una gestora y otro empresario de esa isla, lo que evidenciaba que Enrique A. L. no era el único protagonista de esta trama delictiva.
Comprobados ambos extremos, a finales de enero de este año se detuvo en Gran Canaria a Enrique A.L. por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, estafa y falsedad documental, y por los mismos delitos al ciudadano mauritano Abdellah A.N., a la ciudadana de Sierra Leona Kadiatu K. y al de Ghana Ibrahim A. Y., siendo las personas que ponían en contacto a los inmigrantes con Enrique a cambio de contraprestación económica.
Los agentes se desplazaron en febrero hasta Fuerteventura y detuvieron por los delitos anteriormente referidos a José Carlos S. de 55 años, natural de Las Palmas, socio en esa isla de Enrique y a una gestora que se encargaba de presentar en la Dirección Insular de Gobierno de Fuerteventura las ofertas fraudulentas de estos dos supuestos empresarios.
Del dispositivo desplegado en la isla majorera, en concreto del registro domiciliario de J.C. Sánchez y de las declaraciones de varios de los extranjeros que usaron los servicios de esta organización, los funcionarios obtuvieron los datos necesarios para identificar a otras dos personas, Alejandro R. M. de 60 años, natural de Valencia y Ángel L. L., quienes, junto a los dos primeros detenidos, conformaban el cuarteto de supuestos empresarios del entramado delictivo investigado, siendo el llamado Angel el cerebro de toda la operación.
El pasado mes de abril, la Policía pudo localizar al citado Angel en un domicilio de la localidad grancanaria de Vecindario, alquilado con una identidad falsa y donde permanecía oculto. En ese momento fueron detenidos éste último y Alejandro imputándoseles los mismos delitos que a los anteriores.
Todos los detenidos tenían antecedentes por hechos de similar naturaleza y se da la circunstancia de que a Ángel no sólo le constaba un amplio historial delictivo relacionado con las estafas y las falsedades documentales, sino que antes de ser localizado y detenido, sobre el mismo recaían dos órdenes de búsqueda y detención dictadas por Juzgados de la capital grancanaria, así como una orden de detención e ingreso en prisión dictada por un Juzgado de Sevilla.
Tras el estudio de toda la documentación hallada en los registros domiciliarios, la investigación ha podido determinar que estos cuatro “empresarios” presentaron de forma fraudulenta más de 300 solicitudes de permiso y residencia para ciudadanos extranjeros en un plazo de dos años, todo ello con 16 empresas diferentes, aunque no ejercían actividad laboral alguna, falsificando documentos que acreditarían requisitos ante la administración española que estos extranjeros no reunían.
Durante el dispositivo, fue incautada abundante documentación de las empresas y los supuestos trabajadores, así como justificantes de los ingresos económicos de estos “empresarios” derivados de esta actividad delictiva. Se da la paradoja de que mientras se realizaba en Corralejo (Fuerteventura) el registro domiciliario del detenido J.C. Sánchez, se personó un extranjero de origen subsahariano, que, ante la sorpresa de la comisión judicial y de los funcionarios, insistió en entrevistarse con el morador de la vivienda, ya que había pactado con él obtener una oferta de empleo de una de sus empresas a cambio de 400 euros.
Los agentes averiguaron que los mismos empresarios estaban ultimando la presentación de una solicitud a gran escala de mano de obra extranjera para más de 150 personas provenientes de Marruecos y Senegal, para supuestamente trabajar en una finca inexistente de Gran Canaria. Para ello, ya tenían seleccionados a varios extranjeros y en muchos casos “cobrado” el precio de 5.000 euros por formar parte de esta solicitud.
Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó el ingreso en prisión Ángel. Aunque, la nota policial afirma que la operación continua abierta no descartándose la implicación de más personas y su futura detención.
