Cae una red que traficaba con mujeres del este de Europa en Cataluña y Canarias
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red internacional dedicada a la prostitución de mujeres procedentes de países del este de Europa.
Las mujeres explotadas debían permanecer un mínimo de 21 días en los prostíbulos, percibiendo "la casa" al menos la mitad de las ganancias generadas. Vivían hacinadas junto a otras compañeras y "disponibles" 24 horas al día. La intervención policial ha impedido la apertura de dos nuevos prostíbulos en Madrid y en Barcelona. Han sido detenidas 11 personas.
La investigación se inició en junio de 2009 a partir de informaciones facilitadas por las autoridades rusas. La organización contaba con una estructura diferenciada compuesta por varias secciones encargadas de la captación, el transporte y la explotación de las chicas.
En España, la red estaba liderada por una ciudadana ucraniana residente en Tenerife quien, además de supervisar directamente los prostíbulos, ejercía de enlace con los miembros de la red establecidos en el extranjero y que captaban a las chicas en sus países de origen. Contaba con la colaboración de ciudadanos de nacionalidad rusa y bielorrusa, afincados en localidades de Tenerife y Barcelona, para la gestión y control de pisos-prostíbulos. También recibía el apoyo de otra mujer en Madrid que no pudo poner en funcionamiento un nuevo burdel en la capital gracias a la intervención policial.
Cada prostíbulo controlado por la organización contaba al menos con la presencia de una "mami" o encargada, asistida por varios matones que desarrollaban funciones de seguridad.
Ascensos y promociones para las chicas
La red empleaba un singular método para extender su ámbito de actuación a otras provincias españolas. Consistía en 'promocionar' a las víctimas para que ocuparan cargos superiores dentro de la organización. Así, las mujeres que habían sido explotadas podían convertirse en encargadas de nuevos prostíbulos si demostraban su lealtad y eficiencia.
En su nuevo destino ellas mismas debían seleccionar un local apto para establecerse, generalmente en pisos bajos de fácil acceso y con pocos vecinos.
Se han practicado tres registros, uno en Santa Cruz de Tenerife y dos en Barcelona, en los que se han intervenido 3.425 euros en efectivo, ordenadores, teléfonos móviles y abundante documentación.