Suspendido nuevamente el juicio a los tres acusados del robo cometido en el Hiperdino de Valterra en 2001
- Visto para sentencia el caso por una presunta agresión sexual en Playa Blanca en el que la Fiscalía solicita 5 años de prisión para el acusado
FOTOS: JOSE CURBELO
La Audiencia Provincial de Las Palmas se vio este miércoles obligada a posponer para el próximo 14 de marzo el juicio de los tres presuntos autores del robo con violencia e intimidación cometido el pasado 25 de noviembre del año 2001 en el supermercado Hiperdino del barrio de Valterra, en Arrecife.
Las razones alegadas por los magistrados se basaron en la imposibilidad de reunir todas las piezas de convicción que se decomisaron e incluyeron en las diligencias judiciales, y que al parecer están depositadas de forma dispersa por distintos juzgados de la capital lanzaroteña.
Así, a los pocos minutos de comenzar el juicio, que ya tuvo que suspenderse en una ocasión anterior, la Audiencia Provincial se percató de que, a pesar de que los tres abogados de la defensa habían insistido en que se tuviera preparadas las pruebas, no había manera de reunir la katana, ni el cuchillo jamonero, ni los tres kimonos y otros tantos pasamontañas que, supuestamente, emplearon los tres acusados en el robo.
Mientras los abogados de Francisco García Margariño, Jesús Salvador Martín y Manuel Martín de León, piden la libre absolución de sus clientes, por su parte, el Ministerio Fiscal solicita penas de 5, 2 y 5 años, respectivamente, por sendos delitos de robo con violencia e intimidación, lesiones y detención ilegal. Además, el Fiscal solicita no sólo que se indemnice con 4.000 euros al guardia de seguridad al que presuntamente amordazaron los acusados, y que se le devuelva a la empresa Pío Coronado el valor de los efectos sustraídos en el robo, sino que, como responsables solidarios, los imputados devuelvan también a la compañía los más de 77.000 euros (casi 13 millones de las antiguas pesetas) tomados de dos cajas fuertes.
Los hechos
De acuerdo a las diligencias judiciales, el sábado 25 de noviembre de 2001, sobre las 01:15 horas, los tres acusados entraron ataviados con pasamontañas, kimonos, una katana, un cuchillo y diversas herramientas, en el Hiperdino de Valterra cuando sólo estaba de servicio el guardia de seguridad, Julio César Hernández Quintero. Tras amordazarle, atarle las manos con sus propios grilletes y taparle la boca con cinta de embalaje, le robaron las llaves del cuarto donde se hallaban las llaves para acceder a las cajas fuertes y a los distintos departamentos del establecimiento.
Los acusados tomaron presuntamente un total de 77.585'55 euros de dos cajas fuertes, y robaron una cámara de vídeo, 15 teléfonos móviles, 30 tarjetas telefónicas por valor de 48 euros cada una, otras 50 por valor de 30 euros, otras 200 por valor de 12 euros, así como otros efectos, depositándolo todo en un turismo de marca Nissan Almera, perteneciente a la empresa de alquiler ‘Hertz' y que los acusados robaron también presuntamente instantes previos a los hechos.
Lo que quedó claro este miércoles es que uno de los acusados, Francisco García Margariño, trabajó algún tiempo precisamente como guardia de seguridad en ese mismo establecimiento, y que, tras los registros policiales practicados, los efectos que le vinculaban con los delitos fueron hallados en la habitación de su compañero de piso, Alfonso Suárez, y no en la suya.
Venta de petardos
Por otro lado, la Audiencia Provincial sí dejó ayer visto para sentencia el juicio de José Luis Artiles, administrador de la empresa 'Carnaval de Canarias', a quien se le acusa de un delito de tenencia y depósito ilegal de material pirotécnico, tras constatarse que en su comercio, con licencia para la venta de motivos navideños y de Carnaval, se comercializaban y almacenaban un total de 390 kilos de este tipo de explosivos.
El acusado reconoció que se comenzó con dicha actividad sin que, a pesar de que se había solicitado en reiteradas ocasiones, la Delegación del Gobierno de Canarias hubiera otorgado el permiso. Por ello, el Fiscal solicitó 5 años de prisión para el acusado, al entender que más que una simple infracción administrativa por la ausencia de autorización de la administración competente, hubo un claro riesgo para la seguridad e integridad de los residentes del edificio, de tres plantas, y para los transeúntes.
Por su parte, tras el testimonio del guardia civil que inspeccionó el local, en el número 39 de la calle Góngora, la abogada defensora alegó que los petardos y voladores que se comercializaban en la tienda eran de clase 1, 2 y 3, catalogados con riesgo bajo y medio. “Era material apto para su venta”, dijo, a lo que el fiscal contestó que “faltaba la autorización preceptiva” que, aunque fue otorgada en diciembre de 2005, “llegó tarde”.
Agresión sexual