La Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes condena asimismo la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio

REDI solicita la retirada de la reforma de la Ley de Extranjería

Las organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones de profesionales, integrantes de la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes(REDI), "para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de los más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante", ha manifestado su más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone "una grave regresión en los ya recortados y discriminatorios derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración".

REDI condena asimismo la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

Los integrantes de la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes exigen igualmente la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instan al Gobierno y a las Cortes españolas a que reflexionen seriamente sobre el principio de que las leyes están para proteger la convivencia entre las personas y al servicio de ellas, de todas, no para fomentar la desigualdad y el racismo.

Para REDI la reforma "no pretende" establecer las bases de una auténtica política de inmigración, sino hacer política con la inmigración en tiempos de crisis estructural del sistema capitalista. Además, creen que el proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia nacional” o del español.

"El Proyecto oculta deliberadamente" -añaden estas asociaciones- "que las directivas de la Unión Europea no obligan al recorte de derechos, libertades y garantías, ya que el principio de subsidiaridad permite sin problema jurídico alguno la aplicación de la norma nacional más favorable".

Los inmigrantes creen asimismo que el Proyecto incide en su marcado carácter policial, reforzando no solo la ordenación de los flujos migratorios desde una óptica propia de los subsistemas policiales, si no consagrando las prácticas discrecionales no regladas y los actos arbitrarios de los agentes del subsistema policial.

En opinión de estos inmigrantes, consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al conectarla con las necesidades de la situación nacional de empleo, olvida que no puede darse una auténtica integración de las personas inmigrantes sin que previamente se articule un sistema jurídico que garantice la plena igualdad en los derechos políticos, sociales, económicos y culturales con la ciudadanía española, que las políticas de integración han de ser contempladas de modo recíproco y que la integración no impone la asimilación y no articula barreras eficaces de carácter jurídico frente al discurso de la xenofobia social, si no que abre plenamente la vía para las estigmatización social de la inmigración irregular.

De este modo el Proyecto viene, en cierto modo, según estos inmigrantes, a "apuntalar pautas de xenofobia institucional que indirectamente incrementan la xenofobia social, al sostener el discurso de que la inmigración irregular atenta contra la cohesión social, contra la dignidad de las personas y que los irregulares distorsionan y precarizan el mercado de trabajo".

En definitiva, consideran que el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes y la restricción a los extranjeros residentes, quebrando así un elemental derecho a la educación que tiene especial proyección y alcance en materia de integración social.