Lanzarote contará con 15 nuevas licencias para farmacias

Antes de final de año se conocerá la ubicación exacta de las 15 nuevas licencias farmacéuticas con las que contará Lanzarote. Así al menos lo asegura la representante de los farmacéuticos de la Isla, Carmen Repollés, que explicó ayer a esta redacción que los nuevos servicios estarán repartidos por seis de los siete municipios, pero que aún no han decidido en qué puntos concretos.

Esta decisión la tomará la Dirección General de Farmacia en colaboración con los actuales propietarios de locales ya establecidos, un método que abre la polémica sobre la imparcialidad de los criterios que se siguen en el proceso. Es el caso de un farmacéutico afectado por la falta de oportunidades que se les brinda al resto de profesionales desde 1999, año en el que se convocó el último concurso para conceder licencias.

Este ciudadano ha querido denunciar públicamente a través de este diario su situación y la de muchos otros, a los que, según su opinión, se les está negando la oportunidad de comenzar su negocio de una forma, además, ilegal.

Según la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias de 2005, Lanzarote debería contar con más de 50 farmacias y no con las 36 que actualmente están en funcionamiento. Esta cifra está en proporción a los habitantes del censo de este año más el 50 por ciento de las plazas hoteleras y extrahoteleras autorizadas en la zona farmacéutica, o sea, en cada municipio.

Queda demostrado entonces que no se cuentan con los servicios farmacéuticos suficientes a pesar de que la ley de 1997 dispone que se saquen licencias nuevas cada cinco años, otro de los requisitos que se ha saltado la Dirección General de Farmacia.

¿Una cuestión de intereses?

Esta es la pregunta que se hacen profesionales como el denunciante, que ven detrás de todas estas irregularidades la mano de los actuales propietarios de farmacias, que no quieren que aumente la competencia. Incluso se ha llegado a insinuar que existe una connivencia entre estos propietarios y representantes políticos, ya que hay casos de cargos o personas muy relacionadas con la esfera política que regentan establecimientos de este tipo.

Bajo estas sospechas observan la situación los que no pueden acceder a una licencia. Observan como el proceso de adjudicación pasa primero por el traslado de las licencias, un trámite que da preferencia a los dueños de farmacias para que decidan si quieren cambiar de ubicación su negocio y pasarlo a una de las nuevas que se conceden. Pasado este trámite, que puede llegar a durar hasta dos años, se reparten las nuevas plazas a los farmacéuticos a los que se les haya adjudicado una licencia en concurso.

Por otra parte, en el inicio del proceso también están presentes los propietarios. Según Carmen Repollés, son los farmacéuticos que están trabajando los que opinan sobre el lugar y el número de negocios, ya que “ellos conocen mejor que nadie lo que necesita cada zona”.

Esta situación es considerada injusta por el denunciante que trasladó su queja a esta redacción, ya que el dilatado proceso y el método que se utiliza no permite que se cumpla con la ley que dispone que las zonas farmacéuticas cuenten con el número adecuado de servicios.

Ahora mismo esta cuestión será difícil de corregir, ya que Repollés confirmó que el mapa farmacéutico ya está aprobado, tan sólo a falta de que se decida su ubicación exacta.

Falta de inspectores y de servicios para atención primaria

Otro de los puntos en los que no se está siguiendo lo que la Ley de Ordenación Farmacéutica describe se centra en la atención farmacéutica en los centros de salud, consultorios y dependencias integrados en la red pública del Servicio Canario de Salud. Se supone que en estos servicios se contará con la dirección profesional de un farmacéutico cuya presencia física durante el horario de funcionamiento del mismo es obligatoria.

Según el denunciante, este requisito no se cumple en los centros sanitarios de Lanzarote, en los que no se ha contratado a ningún profesional de farmacia para este cometido.

Además, reivindica también la figura del inspector farmacéutico como totalmente necesaria para la Isla. Cree que de este modo se evitaría que se repitieran casos como los que actualmente están sucediendo en las asociaciones y cooperativas de ganaderos, en las que no se cuenta con un profesional para el control de mantenimiento y custodia de los fármacos animales.

La normativa regula esto específicamente en su artículo 65, en el que detalla los casos en los que se pueden dispensar medicamentos veterinarios, y en todos se exige la presencia de un farmacéutico.

Ricardo Morales, secretario de la Asociación Ganadera de Tinajo, reconoce que en su larga experiencia profesional nunca se ha encontrado con un farmacéutico para estas funciones.

Parece ser, como confirma también el denunciante, que esto está a la orden del día en estas asociaciones, que “no se ven obligados a cumplir con la normativa porque no hay nadie que los controle a ellos”.

Repollés también opinó que es necesario un inspector farmacéutico específico para la Isla, aunque explicó que ahora mismo realizan esta labor de control los funcionarios que están en Gran Canaria.

Que las labores del farmacéutico las lleve a cabo un veterinario puede traer graves consecuencias, ya que no existe un control profesional del uso de fármacos. Si fuese un licenciado en farmacia el que hiciese el trabajo, se contaría cada cierto tiempo con un informe sobre el consumo de estos medicamentos veterinarios y su uso y mantenimiento estarían perfectamente reglados.

Ahora mismo este control no existe, con las consecuentes irregularidades que esto podría conllevar incluso para la salud pública si no se administrasen adecuadamente los fármacos.