Desestimado el recurso de la conservera Garavilla contra la Seguridad Social

La Justicia reconoce al Instituto Social de la Marina la propiedad de las viviendas de Valterra

La consecuencia de la sentencia es que los vecinos no serán desalojados de las 40 viviendas en litigio

El Juzgado Central Contencioso Administrativo nº 3 de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por Conservas Garavilla, S.A. contra el Instituto Social de la Marina (ISM) de la Seguridad Social en el que reclamaba la titularidad de un grupo de 40 viviendas del barrio de Valterra de Puerto Naos (Arrecife), según sentencia nº 199/11, dictada el pasado 19 de mayo.

Según la nota enviada a Crónicas, la consecuencia inmediata del fallo es que las 40 viviendas en litigio seguirán siendo propiedad del Instituto Social de la Marina y que los vecinos no serán desalojados de las mismas. Desde hace varios años los inquilinos vivían con gran preocupación por el creciente interés de las empresas en adquirir la propiedad de las mismas, lo que podría conducir a que fuesen desalojados del hogar donde han vivido más de 50 años.

Las viviendas objeto de recurso fueron construidas en el año 1955 por el Instituto Social de la Marina, con la participación de distintas empresas conserveras con la finalidad de que éstas las destinaran a sus trabajadores, siempre que éstos fuesen pescadores o trabajadores relacionados con la pesca, como viviendas de protección oficial.

Para ello, Aquilino Fernandez, S. A., firmó un convenio con el Instituto Social de la Marina, en el que se regulaba la forma de amortización y el destino que debía darse a las 40 viviendas asignadas. Transcurrido el plazo de amortización de las mismas y tras un escrito dirigido al Instituto Social de la Marina solicitando la escrituración de las 40 viviendas a su nombre, la empresa Conservas Garavilla S.A., sucesora de Aquilino Fernandez, S. A., interpuso en 2008 recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 3 contra la desestimación de su reclamación de escrituración de propiedad de las viviendas y contra la rescisión del convenio firmado en 1955 con el Instituto Social de la Marina.