La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, ha decidido este lunes a instancias del abogado del ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes incoar diligencias previas por presunta revelación de secretos ante las "múltiples y continuas publicaciones" que se están produciendo en el conocido caso Mediador que está llevando en estos momentos, caso en el que se investiga una presunta trama de corrupción que afecta a la Guardia Civil, al Partido Socialista (PSOE) y al Gobierno de Canarias en diferentes frentes.
Así lo ha avanzado de forma escueta el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), desde donde no se ha especificado a qué tipo de revelaciones se refiere en concreto la jueza. Es lógico pensar que tienen que ver con las cuestiones que todavía están bajo secreto de sumario y que de un modo u otro se están filtrando a algunos medios de comunicación, al margen de las cuestiones que ha descrito ya el conocido mediador del caso, el empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte. Siendo de todos modos la defensa del ex diputado majorero Juan Bernardo Fuentes, conocido dentro de la trama y en todo el país como "Tito Berni", también podría tener que ver con lo sustanciado y expuesto en la parte conocida del sumario, desde donde se han visto fotografías de todo tipo con el político del PSOE con prostitutas y en situaciones nada decorosas que evidentemente han dañado su imagen pública. Sin embargo, el ex diputado de momento debe agradecer a la parte pública del caso, al Ministerio Fiscal, que no esté en prisión preventiva, ya que su calificación le libró en contra del criterio de la magistrada, que entendió en todo momento que su puesta en libertad, libertad de la que goza en estos momentos, podría suponer la destrucción de pruebas del farragoso procedimiento.
No es ni mucho menos la primera vez que se produce algo así cuando se trata de una causa de tanta enjundia. Sucedió en Lanzarote durante la instrucción del conocido como caso Unión. Allí, el juez César Romero Pamparacuatro también abrió diligencias de investigación de las numerosas filtraciones que se producían a algunos medios, filtraciones incluso del lugar y de la hora en la que se producían las detenciones, que fueron fotografíadas, radiadas y grabadas con cámaras de televisión para escarnio público de los detenidos, alguno de los cuales finalmente ni siquiera llegó a ser juzgado. El final de aquellas diligencias fue el mismo que el de la mayoría de las investigaciones de este tipo que se abren en los juzgados cuando un juez se enfada al ver que alguien filtra el trabajo que está bajo secreto, adulterando de algún modo el procedimiento y contaminando la propia investigación.
