El Gobierno de Canarias remite a Fiscalía las imágenes de la residencia ilegal de ancianos en Lanzarote

El Gobierno de Canarias ha remitido a Fiscalía durante la mañana de este martes, 10 de enero, las imágenes emitidas este lunes por la noche en el programa 'Diario de', que presenta Mercedes Milá en Cuatro TV, sobre el trato dispensado por el personal que trabaja en la residencia de ancianos Sol de Otoño, situada en el número 13 del camino del Pozo, en Mácher, dentro del municipio lanzaroteño de Tías.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa convocada con urgencia a las 15:30 horas en Lanzarote la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo de Canarias, Inés Rojas, que ha anulado otra convocatoria con la prensa en Gran Canaria ante la alarma social que ha suscitado el reportaje emitido en todo el país. "Las imágenes ya se han puesto a disposición de la Fiscalía y ahora se estudiará la fiabilidad de estos hechos", dijo Rojas.

Por otro lado, la consejera ha querido dejar claro que en la Consejería que tutela no hay constancia de la existencia de una sola denuncia interpuesta al respecto ni por parte de trabajadores ni por parte de ningún familiar de los usuarios del centro.

Además, Inés Rojas ha subrayado que desde el año 2007 la residencia Sol de Otoño ha estado sometida a inspecciones periódicas por parte del Gobierno de Canarias. Fue en ese año cuando el Ayuntamiento de Tías concedió licencia al establecimiento, que no cotnaba sin embargo con la autorización del Gobierno regional.

"Debido exclusivamente a problemas administrativos -al ser una finca adaptada al servicio de ancianos, no se cumplían por ejemplo requisitos como la medida de los baños- el Gobierno de Canarias no otorgó la pertinente licencia. Ya en el año 2009 una sentencia decretó el cierre de las instalaciones, dando así la razón al Gobierno canario, pero la dirección de la residencia recurrió dicha decisión", expresó la consejera.

A posteriori, en concreto el pasado mes de noviembre de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decretaba el cierre definitivo de las instalaciones, una acción que, según Rojas, debía adoptar la empresa de forma voluntaria, al tratarse de un ente privado, en el plazo de dos meses". Es decir, que si a finales de enero la residencia de ancianos no se había cerrado, al Gobierno de Canarias "no le hubiera quedado más remedio que acudir a la vía judicial para hacer que se ejecutara el cierre definitivo". La política lanzaroteña ha matizado que "habitualmente somos bastante benevolentes con las empresas a las que se les ordena el cierre, porque siempre cabe la posibilidad de que regularicen esos requisitos que les faltan". En cualquier caso, ni Rojas ni el Gobierno de Canarias sospechaban que la apertura de dicho centro iba a suponer un menoscabo de la integridad de estas personas, como muestra el reportaje televisivo.

A pesar de desconocer a esta hora de la tarde si, efectivamente, ya se ha notificado el precinto de las instalaciones, la consejera sí que ha confirmado que, "en cualquier caso, el cierre iba a ser inminente porque la residencia no cumplía con los requisitos administrativos exigidos".

Por otra parte, Rojas ha hecho un llamamiento para que se denuncien prácticas como las emitidas en las imágenes de Cuatro Televisión, y ha garantizado a los familiares que el realojo de los ancianos está asegurado, puesto que "en la isla de Lanzarote, aparte de los diversos centros públicos, existen muchos privados donde se atiende muy bien a nuestros mayores".

Durante la pasada legislatura, el Gobierno de Canarias decretó el cierre de unas 15 residencias para usuarios de la tercera edad.