El director de las I Jornadas sobre Delincuencia Medioambiental asegura que “la falta de medios policiales y judiciales no ha impedido que el número de personas detenidas por la Policía por delitos de corrupción en España se haya multiplicado por 25 en sólo cinco años"

Expertos en delincuencia medioambiental defienden que se les retiren las competencias a los ayuntamientos en el control de la corrupción

La corrupción urbanística fue el tema escogido para la tarde de este jueves en las I Jornadas de Delincuencia Medioambiental, celebradas en el Edificio de Usos Múltiples II en Las Palmas de Gran Canaria. Los encargados de aportar su particular visión sobre este fenómeno de gran actualidad fueron José Antonio Choclán Montalvo, ex–magistrado de la Audiencia Nacional y experto en Derecho Penal; José Süay Rincón, catedrático en Derecho Administrativo y miembro del Consejo de Canarias; y Fernando Jiménez Sánchez, profesor titular de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Murcia. Todos coincidieron en señalar la necesidad de que se les retiren las competencias a los ayuntamientos en el control y prevención de la corrupción.

La ponencia de José Antonio Choclán se centró en la regulación del Código Penal en el actual contexto de una política criminal. “En los últimos años, el derecho penal está experimentando un fenómeno de crecimiento y endurecimiento que esta vez no es consecuencia de los desmanes de regímenes totalitarios, sino que, por el contrario, surge en muchas ocasiones de la voluntad política de dar respuesta a las reivindicaciones de la ciudadanía”, señaló. Además, hizo hincapié en la importancia de establecer correctivos a la actual tendencia expansiva de esta clase de delitos.

Por su parte, José Süay, catedrático en Derecho Administrativo y miembro del Consejo de Canarias, y Fernando Jiménez Sánchez, profesor titular de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Murcia, coincidieron en la necesidad de sustraer de las administraciones locales las competencias en materia de control y prevención de la corrupción urbanística. Según Süay: “Los mecanismos de disciplina que hay en Canarias son insuficientes para frenar la corrupción urbanística y parte de esto es debido a que los procedimientos se alargan demasiado en el tiempo”.

El profesor Fernando Jiménez señaló “el síndrome del mal gobierno y el mal diseño institucional” como principales causas de esta corrupción “que ha generado un problema medioambiental tremendo” y agregó que “el control municipal no ha funcionado suficientemente generando una impunidad que ha llevado al estallido de casos de corrupción”.

Delitos

Las ponencias programadas para la mañana de hoy viernes han girado en torno a los delitos contra la ordenación del territorio, tema sobre el que han reflexionado Javier García García-Sotoca, decano de los Juzgados de Las Palmas y magistrado juez del Juzgado de lo Penal número cuatro de Las Palmas; Javier Ródenas, fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia de Las Palmas; y José Manuel Maza Martín, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo.

García Sotoca ha sido el encargado de abrir la sesión con su ponencia sobre ‘Los informes técnicos y propuestas de resolución entre el delito y la impunidad’. Después de ofrecer un análisis sobre lo que la doctrina entiende por corrupción urbanística, el juez del Juzgado de lo Penal nº 4 de Las Palmas ha hecho una valoración sobre todas las materias que han quedado fuera del artículo 320 del Código Penal, norma que regula todo lo referente a la prevaricación en cuanto a los informes de los técnicos. “Esto ha supuesto una verdadera laguna en lo referente al tratamiento jurídico penal de los informes”, afirmó.

El director de estas jornadas, Javier Ródenas, señaló que “sin lugar a dudas, la corrupción es la palabra clave del crimen para el Siglo XXI y la estamos combatiendo con armas limitadísimas contenidas en una Ley de Enjuiciamiento criminal del siglo XIX”. Por el contrario, indicó que “la falta de medios policiales y judiciales para combatir los casos de corrupción, no ha impedido que el número de personas detenidas por la Policía por delitos relacionados con la corrupción en España se haya multiplicado por 25 en sólo 5 años, al pasar de diez arrestados en el año 2004, a las 252 personas detenidas desde enero a diciembre de 2009”.

Por último, además de aportar una visión de la jurisprudencia existente en estos casos de corrupción urbanística, José Manuel Maza, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, destacó que “se trata de un problema de difícil solución cuya causa no puede atribuirse únicamente a unas deficiencias claras del sistema, aunque sin duda éste puede ser mejorado en represión a estas conductas”.