Ciudadanos de Lanzarote reclaman ante la Delegación del Gobierno que se paralice la expulsión del activista José Morales
Con lemas como "Dictadura no, democracia sí", varias decenas de ciudadanos se han concentrado este miércoles poco antes del mediodía para reclamar que se paralice la expulsión del país del activista uruguayo afincado en Lanzarote José Morales Brum. Los asistentes se han solidarizado también con el resto de ciudadanos y ciudadanas, seis personas en total, que fueron denunciados el pasado 10 de febrero 2012 tras manifestarse frente a la sede del PP en protesta por la autorización del Gobierno a la empresa Repsol para el inicio de las prospecciones petrolíferas. "Autorización", señala Intersindical Canaria, que es la que ha convocado la concentración, que fue "ampliamente rechazada por la sociedad lanzaroteña".
Tras el segundo expediente por los incidentes con el ministro Soria durante la protesta ciudadana contra las prospecciones petrolíferas, que se suma al iniciado por el incidente mantenido el pasado verano entre Morales y un policía nacional que terminó esgrimiento su arma durante una manifestación prosaharaui en el centro de Arrecife, el activista uruguayo ha recibido la notificación de expulsión del país. El propio José Morales ha asegurado que recurrirá ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si finalmente se produce su detención para su deportación.
Las decenas de personas que secundaron el llamamiento de Intersindical Canaria han denunciado una constante persecución en su contra de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
En la manifestación han participado miembros de varios colectivos prosaharauis, a los que apoya Morales, componentes de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo, y presentantes de Intersindical Canaria, además de integrantes de la Comisión insular creada desde el Cabildo lanzaroteño contra las plataformas petrolíferas.
Desde la organización sindical exigen el archivo de los expedientes abiertos a los imputados así como el archivo y paralización de la orden de expulsión del compañero José Brum que el único delito que ha cometido es mostrar su compromiso y solidaridad con diferentes causas sociales, ejerciendo pacíficamente su derecho a la libertad de opinión y manifestación.
Intersindical considera que el actual Gobierno de la derecha española "ha reabierto la veda del opositor social y para la que tienen preparada una serie de medidas legislativas que en la práctica significará una nueva caza de brujas", como han demostrado a su juicio con José Morales Brum y el resto de compañeros denunciados. "Con esta pretendida criminalización de la protesta lo único que conseguirá el actual Gobierno español es convertir a los y las activistas sociales y personas que luchan para conseguir un mundo de justicia y respeto hacia los Derechos Humanos, en disidentes", exponen.