Batllori solicita que se archive su causa dentro de la Operación Unión
El abogado y exconsejero de Justicia de Canarias Francisco Rodríguez Batllori ha dirigido un escrito al Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife solicitando el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de la causa en la que está imputado por cuatro delitos, dentro la pieza 8, la 'Operación Jable', a su vez, perteneciente al caso 'Unión'.
"Indignado" por la actuación judicial, Batllori ha remitido a los medios de comunicación un escrito que incluso duda que haya leído la jueza del caso, María Jesús Hernández Elvira, y con el que, una vez más, considera que se evidencia que está probada su inocencia. En la referida comunicación, Batllori critica la instrucción de la causa y niega que fuera el abogado de Dimas Martín, líder histórico del PIL, y que cobrara sin trabajar, hechos que aparecen reflejados en las diligencias previas llevadas a cabo por el Juzgado Número 5. Del mismo modo, el exrepresentante del Gobierno canario critica que sus conversaciones fueran grabadas con Dimas Martín en el caso, tal y como sostienen las partes dispositivas de la causa, que fuera el abogado del político lanzaroteño.
El Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife emitía un auto el pasado jueves, 14 de febrero, sobre la Pieza 8 (derivada de las Diligencias previas 697/08 de la Operación Unión), en el que concede diez días al Ministerio Fiscal y a las distintas acusaciones personadas para que pidan la apertura del juicio oral en la causa abierta contra Francisco Rodríguez Batllori, abogado y ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, el líder histórico del PIL, Dimas Martín, la exconsejera de la empresa Insular de Aguas de Lanzarote, S.A., Inalsa, Plácida Guerra, los exconcejales de Arrecife José Miguel Rodríguez y Luisa Blanco, y el exgerente de Inalsa Rafael Elorrieta, imputados por Tráfico de Influencias y/o prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.
La magistrada del Juzgado Número 5, María Jesús Hernández Elvira, abrió esta pieza separada en el caso Unión para investigar si, efectivamente, los imputados colaboraron para que se le pudieran abonar facturas ficticias tanto desde Inalsa como desde el Ayuntamiento de Arrecife a Rodríguez Batllori, que ha alegado en este proceso que su detención fue ilegal pues no existía orden de detención en el momento en que fue trasladado de Gran Canaria a Lanzarote en helicóptero, y quien se ha defendido explicando que se dedicó a asesorar a los concejales del PIL en Arrecife y a los consejeros de este mismo partido acerca de asuntos relacionados con Inalsa. Según las diligencias previas, en realidad Batllori habría recibido dichos honorarios por el asesoramiento privado que le prestó al líder histórico del PIL, Dimas Martín. El auto dispone que ni José Miguel Rodríguez ni Luisa Blanco, que autorizaron esas facturas abonadas a Rodríguez Batllori, pudieron "concretar qué funciones tenía encomendadas, en concepto de qué lo hacía, mediante qué tipo de contrato (al margen del contrato verbal, de sobra conocido de imposible aplicación en el ámbito de la Administración Pública), si llegó a presentar algún informe en el sentido que fuera, cuáles eran las necesidades que venía a cubrir o por qué la Corporación precisaba de un Letrado".
La magistrada entiende que "existen claros indicios de la sustracción de caudales públicos y presentación de factura falsa para justificar el desvío" de este dinero.
Respuesta de Batllori
La defensa de Batllori alega que el pasado día 23 de abril de 2010 su representado fue detenido en su domicilio por efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su posterior puesta a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Arrecife de Lanzarote, dentro de la “Operación Jable”, del “Caso Unión”, que se instruye en ese Juzgado.
A pesar del teórico secreto de las actuaciones, la detención de Batllori y su posterior traslado en helicóptero desde Las Palmas de Gran Canaria hasta un lugar indeterminado de la isla de Lanzarote "se llevó a cabo estando presentes los medios de comunicación, que filmaron y fotografiaron las escenas para su posterior divulgación a través de todos los medios informativos de la Comunidad Autónoma de Canarias y algunos otros de ámbito nacional, como los diarios “El Mundo” y “El País”, arguye el abogado de Batllori.
Denuncian que también se divulgó la noticia de la detención y el traslado en helicóptero en los informativos del canal autonómico andaluz “Canal Sur”, "suponemos que para mayor escarnio de mi mandante, ya que es una persona conocida en las ciudades de Sevilla, Huelva y Cádiz, ciudades con las que mantiene estrechos vínculos por motivos familiares y profesionales".
Tras el levantamiento del secreto de las actuaciones, el abogado asegura que pudo comprobar que aunque los agentes de la Guardia Civil solicitaron autorización judicial para la detención de Batllori y el resto de imputados, el magistrado que entonces llevaba el caso, el juez Romero Pamparacuatro, no acordó la detención de su representado. "Los agentes de la Guardia Civil con tarjeta de identidad profesional números xxx y xxx acordaron, sin autorización judicial, comisionar agentes para la práctica de la detención de mi mandante (folio 1423)", expone la defensa de Batllori.
Además, sostiene que tras ser detenido, su representado no fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria, sino que fue trasladado a Lanzarote en helicóptero, aterrizando en un lugar indeterminado "delante de las cámaras de televisión".
Consecuentemente, "solo pudo ser la Guardia Civil la que avisó a los medios de comunicación para que captaran y divulgaran tanto la detención como el traslado de mi mandante", afirma.
"De los delitos imputados a mi representado y de la instrucción del procedimiento, se evidencia que fue detenido de manera totalmente innecesaria (bastaba una mera citación judicial como imputado), de la manera más denigrante posible y con la única finalidad de causar un daño personal, familiar y profesional, con clara vulneración de los preceptos legales aplicables".
Por tal motivo, advierte de que se reserva el derecho de ejercitar en su momento las acciones legales que le asisten exigiendo las responsabilidades legales a que haya lugar por las circunstancias en que se produjo su detención que hemos reseñado y personas intervinientes en aquella.
"Tras su detención mi mandante fue incomunicado durante dos días en las dependencias de la Guardia Civil en Teguise, antes de pasar a disposición judicial, en un calabozo de tres metros de largo por un metro y medio de ancho, con un rigor totalmente desproporcionado a sus circunstancias personales y a los hechos presuntamente delictivos que se le imputan pues ni existía el menor riesgo de fuga ni de ocultación de pruebas ni mucho menos de peligrosidad personal que le hiciera acreedor de dichas medidas de seguridad".
El abogado alega que en las diligencias no consta que se haya llevado a cabo durante los dos días que estuvo detenido las dependencias de la Guardia Civil en Teguise ningún tipo de diligencia de averiguación que justificase su detención e incomunicación (salvo prestar declaración ante los agentes de la GC)".
Por otro lado, en el mismo escrito se exponen argumentos que para el abogado defensor de Batllori demuestran a las claras que no debería estar imputado por los cuatro citados delitos, y que se adjuntan a continuación como parte del documento aportado al Juzgado Número 5.