La Audiencia Provincial juzga este jueves el caso Forelan

- Dice el fiscal en su informe que a través de las sociedades “Copy Shop” y “Segeslan S.L.” los acusados ganaron 376.171,01 y 227.827,37 euros, respectivamente. “El control de las subvenciones era tan férreo por parte de los acusados que incluso llegaron a extorsionar a quienes lícitamente se proponía realizar cursos de formación en la Isla”

Valentín Elvira -derecha-, otro de los cuatro acusados, administraba la sociedad “Copy Shop”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará a partir de las 10:00 horas del próximo jueves, día 8 de noviembre, el denominado caso “Forelan” (Fundación Insular para la Formación y Empleo), un polémico expediente con el que se descubrió en 1995 la existencia de toda una presunta trama con la que varios empresarios desviaron supuestamente importantes cantidades de fondos públicos procedentes tanto del Gobierno canario y de los Presupuestos Generales del Estado como del Fondo Social Europeo, y que iban destinadas en principio al desarrollo de formación y empleo en la isla de Lanzarote.

En el caso Forelan, tal y como reza en el escrito de calificación del sumario, redactado por el Juzgado de Instrucción Número 1 en 2003, Basilio González Tejera, Eugenia Villalba Hernández, Valentín Elvira Berriel y Elena Ángel Gutiérrez están acusados de un delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social - previsto y penado en los artículos 308 y 74 del Código Penal-, y de otro delito continuado de apropiación indebida, previsto y penado en los artículos 249, 250,6 y 252.

Por ello, el fiscal solicita sendas penas de 4 años de cárcel por el primer delito, junto con multa de 500.000 euros, y 6 años por el segundo, con diez meses de multa -a razón de 12 euros por día-. Además, el caso cuenta con acusación particular y dos abogados, uno en defensa de los tres primeros acusados, y un segundo para la cuarta acusada.

Según se explica en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el acusado Basilio González era en 1995 presidente de Forelan (Fundación Insular para la Formación y Empleo), una institución constituida en 1993 con la participación de los dos sindicatos más representantivos, UGT y CC OO, y las tres organizaciones empresariales más importantes de la Isla, Felapyme, Asolan y Aetur. La Fundación, sin embargo, no se hallaba inscrita en el Registro Mercantil, siendo vicepresidenta de la misma Eugenia Villalba, el tesorero Valentín Elvira y la secretaria la también acusada Elena Ángel.

Una de las acusadas, Elena Ángel -izquierda-, figuraba como administradora única de “Segeslan S.L.”

El fiscal habla de “desmedido ánimo ilícito de enriquecimiento” cuando Elena Ángel constituyó la sociedad “Segeslan S.L.” y Valentín Elvira hizo lo propio con “Copy Shop”, figurando ambos como sus respectivos administradores y contratando ambos a los otros dos acusados en las dos empresas, tanto a Basilio González como a Eugenia Villalba. Según la acusación, “estas dos empresas se constituyeron expresa y únicamente para convertirse en proveedoras de Forelan, sirviendo de cobertura y entramado empresarial para conseguir pingües beneficios por parte de todos los acusados a costa de las subvenciones recibidas por la Fundación Forelan”.

Cantidades “desviadas”

En su relato de los hechos, la Fiscalía apunta que el único afán de los cuatro acusados no era otro que el de “enriquecerse de la forma más rápida posible utilizando estos cargos y nutriéndose de las subvenciones recibidas por Forelan”.

De esta forma, alterando el número de alumnos matriculados en cada curso que tiene un mínimo exigido por el organismo autonómico, así como el número de horas realizadas, Forelan consiguió para 1996 subvenciones de 238.550,72 euros, 70.064,96 euros, y 408.747,61 euros; de las dos primeras partidas corresponde el 85 % al Fondo Social Europeo y el 15 % a la Comunidad Autónoma de Canarias, mientras que la tercera partida proviene íntegramente de los Presupuesto Generales del Estado.

Agrega el fiscal que en el año 1997 la Fundación obtuvo tres subvenciones más: una de 102.931,74 euros, siendo el 85% con cargo al Fondo Social Europeo y el 15% restante de la Comunidad Autónoma; y 748381,41 euros, íntegramente de los Presupuestos Generales del Estado; junto con una tercera de 163,722,04 euros, con la misma proporción porcentual.

Los beneficios de Sergeslan y Copy Shop

La puesta en marcha del entramado empresarial respecto a Sergeslan y Copy Schop y sus relaciones comerciales con Forelan se concretó en la consecución de importantes beneficios para los acusados, al quedarse “casi íntegramente con las subvenciones recibidas por Forelan durante los años 1996 y 1997”, tal como se desprende del informe efectuado por el Inspector de Hacienda a requerimiento judicial.

El empresario Luis Rivero también ha sido citado para declarar como testigo en el caso Forelan.

Del análisis de la contabilidad y de las relaciones comerciales de ambas empresas y de Forelan, se desprende que Copy Schop no conserva documentación extracontable que pueda constatar la realización efectiva de cursos de formación para Forelan. No obstante, reconoce un beneficio durante 1996 de 2.796,916 pesetas y durante 1997 de 10.747.600 pesetas por este concepto.

Por tanto, de la relación comercial mantenida entre Copy Shop y Forelan, la primera consiguió, según el fiscal, un beneficio total de 62.589.590 pesetas o, lo es lo mismo, 376.171,01 euros, cantidad con la que principalmente se hizo el acusado Valentín Elvira, con la participación de los otros dos acusado Basilio González y Eugenia Villalva, en cuanto que eran contratados laboralmente por Copy Shop.

En cuanto a Sergeslan, la cantidad total apropiada por la acusada Elena Ángel, por conceptos como alquiler de equipos audiovisuales, elaboración de material didáctico, seguimiento y control de cursos, impartición de cursos y otros que, según el fiscal, ni existían, asciende a 37.907.285 pesetas, es decir, 227.827,37 euros lo que, igualmente, repercutió también en los beneficios obtenidos por los otros dos acusados durante el tiempo que estuvieron contratados para Sergeslan como asalariados, obteniendo ingresos extraordinarios y gratificaciones, incrementándose las percepciones de ambos tanto íntegras como líquidas, sin que se produjera, curiosamente, modificación alguna en el importe de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Dice el fiscal en su informe que “el control de las subvenciones era tan férreo por parte de los acusados que incluso llegaron a extorsionar a quienes lícitamente se proponen realizar cursos de formación en la Isla”.

En total, la Fiscalía solicita que los acusados devuelvan a Forelan 603.998 euros (unos 100 millones de las antiguas pesetas).

Modus operandi

En el escrito se asegura que para mantener y conseguir para los cursos siguientes las correspondientes subvenciones del Gobierno de Canarias y del Fondo Social Europeo, durante el año 1995 el acusado Basilio González remitió al Instituto Canario de Formación y Empleo /IFFEM) al menos cinco comunicaciones de finalización de curso y evaluación final, de los distintos cursos realizados por Forelan, en los que se consignan más horas de las realizadas y calificación de los alumnos, dando como calificación final de apto a alumnos que no superaron más de una semana de asistencia o incluso que no llegaron a realizar ni una hora del curso. Así se pone de manifiesto por informe remitido al Instituto Canario por el Inspector el 31 de octubre de 1995, así como por lo manifestado por los propios alumnos.

El ex presidente de la Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote (AETUR) Gerardo Fontes participó activamente en el descubrimiento de la presunta trama de Forelan.

Por otro lado, desde Forelan se apostaba por la gestión directa de cualquier proyecto, tal y como se recuerda en el escrito cuando se hace referencia al millón de pesetas que presuntamente ofreció en 1998 el acusado Basilio González al director de la consultoría Human Development, a cambio de la cesión de la firma del proyecto formativo OPTUNA N-42 a Forelan.

Pruebas y testigos

Además de los interrogatorios a los cuatro acusados, la Audiencia Provincial analizará el documental de todos los folios de las actuaciones, y el testimonio de testigos y peritos como el ex presidente de Aetur Gerardo Fontes de León; el ex integrante de la Cámara de Comercio de Lanzarote en la de Las Palmas, Luis Rivero Correa; Antonio Hernández Sánchez; Ana Morales Francés; Raquel López Vázquez, Mª Gemma Páez Álvarez; Juan Luis Lorenzo Vázquez y Mariano González Gómez, entre otros.