Los funcionarios tumban la propuesta de Justicia y votan seguir en huelga
La 'muerta anunciada' de la oferta del ministerio de Justicia ha sido sangrante. Los funcionarios de la Administración de Justicia no transferida han rechazado en referéndum por más de un 85% la propuesta ministerial y han votado masivamente (88,3%) continuar en huelga indefinida, que comenzó el 4 de febrero y que está provocando la suspensión de miles de actos judiciales.
AGENCIAS
Los funcionarios reclaman que sus salarios se equiparen con los de las comunidades autónomas donde la Justicia se ha traspasado desde la Administración central y cuyos trabajadores perciben de media "unos 2.400 euros más al año por el mismo trabajo", cuando muchos de ellos "cobran poco más de 1.100 euros", según los sindicatos.
La propuesta del ministerio suponía un ligero incremento sobre las ofertas anteriores: 60 euros mensuales más en 2008, más otros 80 en enero de 2009 con efectos retroactivos (140 euros de subida este año en total). A ellos habría que añadir otros 40 pagaderos en abril del próximo año.
Los funcionarios en huelga estaban llamados este miércoles a pronunciarse en reférendum. Un 85,71% votó "no" a la oferta del ministerio, por un 14,29% a favor y, en una segunda cuestión, apoyó abrumadoramente continuar en huelga con un 88,30% de los votos, según datos facilitados por los sindicatos convocantes. Estos apuntaron que la participación ha sido "superior el 70%".
Tras conocerse estos resultados, el secretario general de FSAP-CCOO, Miguel Segarra, ha propuesto al Gobierno un arbitraje voluntario para solucionar el conflicto, informa Efe. Segarra propone esta fórmula al considerar, en una nota de prensa, que a la vista de la actual situación de bloqueo y las "escasas" posibilidades de un pacto a "corto plazo". El "laudo" puede propiciar una salida sin "vencedores ni vencidos".
Después de ocho semanas de huelga y 12 reuniones de la mesa de negociación, el conflicto ha supuesto la suspensión de más de 30.000 juicios y decenas de miles de actos judiciales. Esta situación ha provocado innumerables retrasos e importantes paralizaciones en la tramitación del registro de niños recién nacidos, el 'cheque bebé' o permisos de paternidad.
La reclamación de igualdad salarial afecta a unas 9.500 personas, según los sindicatos, una cifra que el ministerio eleva en mil más, e incluye al personal de siete comunidades autónomas (las dos Castillas, Baleares, La Rioja, Extremadura, Murcia y Asturias), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los órganos centrales de la Justicia, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía del Estado o el Registro Civil Central.
El representante de CCOO, Javier Hernández, tras conocer los resultados provisionales que se han conocido a lo largo de la tarde, ya había adelantado la contundencia del resultado y señalaba: "Los trabajadores decimos 'no' a la propuesta del ministro y vamos a seguir combatiendo hasta alcanzar un acuerdo" satisfactorio.
Burgos sirve como ejemplo del rechazo del funcionariado: De los 389 votos emitidos, 350 eran en contra de la propuesta del Gobierno y 39 a favor.