El juez Garzón rebaja de 650.000 a 50.000 euros la fianza impuesta a Otegi
AGENCIAS
"Si bien la medida de fianza pudo estar justificada en su momento para paliar el riesgo de sustracción a la acción de la Justicia y la reiteración delictiva (...), lo cierto y verdad es que después de los meses transcurridos y varios permisos de salida del territorio nacional, no ha incumplido ninguno de ellos", dice Garzón para justificar por qué cree que no hay riesgo de fuga.
El auto añade que las fianzas deben ser ajustadas a la capacidad económica de quienes deben prestarlas, y añade que en este caso "es notorio que (Otegi) no llega a cubrir los gastos que origina una fianza de esta envergadura".
Tampoco cree Garzón ajustada la fianza de 650.000 euros a la responsabilidad del procesado y a la naturaleza del delito, y estima que deben tenerse en cuenta "los antecedentes del sujeto enfocados en una mayor o menor facilidad para eludir la acción de la Justicia".
"La presencia del procesado en el juicio, al menos hasta el momento presente, está garantizada, y, por ende, la suma que propugna el solicitante y la que marca el fiscal, son insuficiente y excesiva respectivamente, considerándose adecuada la suma de 50.000 euros", concluye el juez.
La Fiscalía pedía 200.000 euros
La Fiscalía había informado este mismo jueves a Garzón a favor de rebajar la fianza a 200.000 euros, al considerar que Otegi ha cumplido con las presentaciones en la comisaría que se le impusieron -primero diarias y luego quincenales- y que no aprovechó la suspensión de éstas el pasado mes de agosto "para eludir la acción de la Justicia o ponerse fuera de su alcance".
En su informe, el fiscal Carlos Bautista decía también que "no consta nueva reiteración delictiva en el delito por el imputado que haya motivado una nueva imputación en este juzgado, por lo que puede concluirse que se han modificado sustancialmente las circunstancias fácticas que provocaron el incremento de la fianza e, incluso, se han atenuado aquellas otras que dieron lugar a la inicial".
El juez Fernando Grande-Marlaska fijó el 26 de mayo de 2005 una primera fianza de 400.000 euros para Otegi, aumentada en 250.000 euros el pasado 29 de marzo. La primera fianza fue acordada después de que Otegi prestara declaración ante el magistrado acusado de un delito de integración en ETA en relación con la supuesta financiación de la banda terrorista a través de las "herriko tabernas" presuntamente controladas por Batasuna.
El pasado 29 de marzo, Grande-Marlaska acordó el incremento de la fianza al considerar a Otegi "autor mediato o inductor" de los 108 actos violentos, incluida la colocación de dos bombas por parte de ETA, ocurridos durante la jornada de huelga convocada el día 9 de ese mes en el País Vasco y Navarra por la muerte de dos presos etarras.
En ambos casos, el dirigente de Batasuna fue enviado a prisión hasta que sus abogados depositaron las cantidades exigidas.