De León requiere al Gobierno que derive a la Península a los 49 migrantes senegaleses que desembarcaron en Lanzarote como polizones
Conocida la decisión de la justicia de dejar en libertad a los 44 migrantes (de un grupo de 49) que llegaron a Lanzarote como polizones en remolcador que zarpó desde Senegal, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha requerido al Gobierno de la Nación que derive hacia la Península a los 44 migrantes senegaleses que desembarcaron en la capital conejera en la tarde del pasado viernes, tras la autorización de la Delegación del Gobierno en Canarias.
El alcalde de la capital de Lanzarote ya advirtió en la mañana del pasado viernes, antes de que entrara en aguas de jurisdicción española el remolcador neerlandés con los 49 polizones, que le parecía sorprendente que el Gobierno español autorizara el atraque y desembarco de los migrantes en Arrecife cuando el remolcador- según su posición satelital - estaba más cerca del puerto marroquí de Tarfaya. Para el alcalde, la Delegación del Gobierno debió aplicar la legislación marítima internacional, y exigir a ese barco remolcador con destino Bélgica, que siguiera rumbo a su puerto más cercano, Tarfaya, en Marruecos.
Yonathan de León ya alertó a los medios de comunicación, en una comparecencia en las proximidades de Puerto de Naos, que temía que estos migrantes se acogieran a la figura de polizones para permanecer en territorio español, como así ha ocurrido, tras la decisión de la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife que ha ordenado este lunes la puesta en libertad de 44 polizones que llegaron el pasado viernes al puerto de Arrecife, Lanzarote, a bordo de un remolcador procedente de Senegal. Los otros ocupantes, que dicen ser menores, también solicitaron el asilo.
Para el alcalde la “autorización humanitaria “que dio el Gobierno de España la pueden utilizar las mafias que trasladan migrantes del continente africano hacia Canarias, que vive una situación alarmante con la presión migratoria irregular, la mayoría con menores de edad". El primer edil muestra este lunes en nota de prensa su preocupación que esa decisión del Gobierno, en contra de la sociedad lanzaroteña, pueda ser la puerta de entrada a Canarias para las próximas llegadas de migrantes africanos en barcos.
La magistrada descarta en su resolución "que exista riesgo de fuga o voluntad probada de entrada ilegal en España, y enmarca el suceso en un rescate humanitario más que en una operación de llegada clandestina, lo que ha permitido a estas 44 personas solicitantes de asilo político quedar en libertad " y deambular por las calles de Lanzarote en estos próximos meses y años hasta que se resuelva la petición individual de asilo. Los otros, hasta los 49, están en el proceso de su protección como menores, según se ha conocido hoy tras la decisión de la jueza.
Ante la carencia de instalaciones en Lanzarote para personas que se apoyan en el estatuto de refugiado, el alcalde de Arrecife ha exigido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones su derivación hacia la Península, donde se le pueda prestar asistencia humanitaria. El alcalde ha lamentado que la Delegación del Gobierno difundiera ante esta situación, a través de los medios, información confusa y contradictoria.