La socia de Repsol abandona un proyecto multimillonario de explotación de gas en el mar por la presión social
La compañía Woodside Petroleum, propietaria del 30% de las acciones del proyecto de explotación de hidrocarburos en Canarias junto a la alemana RWE (20%) y Repsol (50%), ha cancelado uno de sus proyectos más ambiciosos de explotación de recursos fósiles en la costa australiana de Kimberley tras años de protestas de comunidades indígenas, administraciones locales y grupos ecologistas. Así lo recoge este jueves el Cabildo lanzaroteño en una nota de prensa remitida a este medio.
Según la versión del Cabildo, el proyecto cancelado incluía inversiones por valor de cuarenta y cinco mil millones de dólares (45.000 millones de euros), y pretendía explotar yacimientos de gas en el mar mediante plataformas petrolíferas situadas entre 50 y 450 kilómetros de la costa de Price Point, en la localidad de Broome (Kimberley). Además, la compañía tenía entre sus objetivos la construcción de distintas plantas de transformación para procesar el gas en combustible líquido, que pretendían situar en la misma línea de costa provocando la industrialización y degradación de la zona.
Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura recuerdan que en Canarias se especula también con la posibilidad de extraer gas junto al petróleo y de instalar gaseoductos desde los yacimientos hasta las costas de Lanzarote o Fuerteventura.
Desde el punto medioambiental, tanto la zona de explotación donde se realizarían las perforaciones en el mar, como en el entorno terrestre de la costa, reúnen valores reconocidos y muy destacados para justificar la detención del proyecto industrial. La zona, además de rica en formaciones coralinas, acoge también comunidades importantes de mamíferos marinos y de tortugas marinas. En el perímetro costero se hallan vestigios culturales muy destacados que forman parte arraigada de la cultura aborigen australiana, y uno de los principales yacimientos fósiles de dinosaurios del periodo cretácico del continente austral.
Los opositores a este proyecto cancelado definitivamente por la compañía petrolífera australiana, añaden a sus argumentos que esta industria entraña un riesgo muy elevado de contaminación de los niveles freáticos y acuíferos de la zona, donde circula el agua potable que nutre a la mayor parte de estas poblaciones costeras. Desde el punto de vista de las operaciones de extracción, la captación de gas genera contaminaciones por emisión de CO2 y deposiciones de arsénico y zinc en el medio marino; los metales pesados de esta naturaleza son conocidos por su capacidad de penetrar y contaminar los metabolismos de especies vertebradas como peces y mamíferos marinos.
La compañía petrolífera ha justificado su decisión de abandonar el proyecto debido a que “una reevaluación del proyecto determinó que no cumplía con los requerimientos comerciales que justificasen la multimillonaria inversión”. Para el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote (CC-PSOE), el anuncio de que esta compañía petrolífera se retira de un proyecto que atentaba contra los intereses sociales, medioambientales y turísticos de la zona, representa “un reflejo de sentido común y de respeto hacia las demandas y derechos de las poblaciones afectadas, y confía en que este hecho haga reflexionar a Repsol para que determine un cambio radical de rumbo sobre sus intenciones en Canarias, completamente opuestas a las demandas de la ciudadanía y de sus instituciones”.
La otra compañía socia de Repsol en las prospecciones canarias, la alemana RWE, especula desde hace meses con las acciones de su 20% canario vendiendo las participaciones antes siquiera de haber comenzado la explotación.
Por su parte, la multinacional Repsol, la cuarta compañía española con mayor presencia en paraísos fiscales (43), de capital mayoritario extranjero y que lidera este consorcio para Canarias con un 50% del capital, ha aumentado su campaña propagandística en el archipiélago promulgando cifras sobre el valor del petróleo de los yacimientos canarios, mientras internamente, en las comunicaciones que traslada al ministerio de Medio Ambiente reconoce que no sabe si hay crudo y si, en tal caso, es viable su explotación.
Por otro lado, el Cabildo de Lanzarote se congratula de que el Partido Popular en Baleares y en distintas provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de Valencia, coincidan plenamente en el rechazo a la implantación de actividades de explotación de hidrocarburos en aguas próximas a geografías cuya economía depende del turismo. El pasado mes de abril el Govern Balear de mayoría popular ratificó sus oposición a las prospecciones en las Islas Baleares, mientras el Partido Popular del Ayuntamiento de Castellón (Valencia), aprobará una declaración institucional en el pleno ordinario municipal el próximo 30 de mayo contra las prospecciones en el entorno de las Islas Columbretes. Su alcalde, el popular Alfonso Bataller, se ha mostrado muy firme en su oposición al Gobierno Central sobre este asunto, ya que puede afectar seriamente al turismo y a las pesquerías de la región. Bataller ha instado a todos los municipios costeros de la zona a secundar asimismo su rechazo a esta actividad industrial.
El grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote considera que “también en el Partido Popular hay personas con sentido común y que realizan un esfuerzo en defensa de los intereses de su territorio, y no en defensa de intereses privados extranjeros como lo hacen los populares en Lanzarote y en Canarias. Ya pueden tomar ejemplo de sus colegas mediterráneos”.