VOX denuncia que el Cabildo de Lanzarote rechaza proteger a los ciudadanos frente al “tasazo” de residuos y las Zonas de Bajas Emisiones

Óscar Pérez en una intervención reciente en el Pleno del Cabildo de Lanzarote.

VOX  lamenta este lunes profundamente que el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote haya rechazado la moción presentada por el consejero Óscar Pérez para frenar dos imposiciones que están castigando directamente a las familias, a los autónomos y a los trabajadores de la isla: el “tasazo” derivado de la Ley 7/2022 y la implantación obligatoria de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ambas impulsadas por Bruselas y asumidas por el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias sin tener en cuenta la realidad insular.

La moción de VOX, según explican en nota de prensa, subrayaba que tanto la Ley de Cambio Climático como la normativa de residuos se han convertido en herramientas recaudatorias que penalizan a territorios como Lanzarote, donde la movilidad depende del vehículo privado y donde los municipios ya están incrementando tasas para cubrir costes que no dejan de subir.

La organización recuerda que el Cabildo, además, gestiona un complejo ambiental que encarece aún más el recibo que pagan los vecinos. VOX denunció que estas medidas se aplican sin sensibilidad social ni criterios de equidad, hasta el punto de que un autónomo que trabaja desde su domicilio y una familia convencional acaban soportando la misma carga fiscal, un ejemplo del despropósito técnico y económico que suponen estas políticas. “Esto no es una contribución: es una estafa ideológica a los ciudadanos de Lanzarote”, advirtió Pérez.

En cuanto a la implantación de las ZBE, VOX recordó que Canarias es uno de los territorios más afectados por esta obligación, pese a que buena parte de la población depende del coche para trabajar, atender a su familia o desplazarse entre municipios. Imponer restricciones sin alternativas reales ni transporte público suficiente supone castigar a quienes menos tienen, obligándoles a sustituir vehículos por otros de mayor coste, algo completamente alejado de la realidad económica insular. Para VOX, estas medidas no buscan mejorar el medio ambiente, sino avanzar en la imposición de la Agenda 2030, “disfrazando de ecologismo lo que en realidad son cargas ideológicas que ahogan a los ciudadanos”.

La iniciativa presentada por VOX pedía rechazar de manera expresa estas políticas, instar a los gobiernos autonómico y estatal a derogar los preceptos que obligan a aplicar el “tasazo”, suspender cualquier sanción relacionada con ZBE hasta que existan alternativas viables, y diseñar un modelo de gestión de residuos justo, basado en capacidad económica, bonificaciones y equidad. También se solicitaba un estudio técnico del coste real del servicio en Lanzarote y la creación de un frente institucional en Canarias que exija en Madrid una revisión de estas obligaciones.

Pese a tratarse de una propuesta razonada, técnica y centrada en la defensa de los lanzaroteños, el grupo de gobierno decidió rechazarla, alineándose nuevamente con las imposiciones que vienen de fuera y renunciando a proteger a quienes sostienen la isla con sus impuestos.

El consejero Óscar Pérez lamentó profundamente el rechazo: “El Cabildo ha perdido hoy la oportunidad de defender a los ciudadanos frente a unas normas injustas que no responden a la realidad de Lanzarote. Mientras otros obedecen a Bruselas y a la Agenda 2030, VOX seguirá defendiendo a las familias, a los autónomos y a todos los vecinos que no pueden soportar ni un impuesto más”.

VOX reafirma en su nota de prensa enviada a Crónicas su compromiso firme y continuo de seguir presentando iniciativas orientadas a proteger a los lanzaroteños de estas cargas ideológicas y económicas y de devolver a las instituciones su obligación fundamental: estar del lado de los ciudadanos.