Vía libre a las acciones penales contra Espino

El Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) del Cabildo de Lanzarote ha facultado este jueves a primera hora de la tarde a la actual consejera delegada, Astrid Pérez (PP), para que interponga acciones penales en los tribunales de justicia contra el anterior consejero, Carlos Espino (PSC) por su gestión en el ente público, ante presuntas irregularidades cometidas por el anterior responsable durante su mandato en los Centros desde mayo de 2007 hasta octubre de 2009.

Según la información a la que ha tenido acceso Crónicas, en la sesión urgente, que comenzó en torno a las 13:30 horas de este jueves, la consejera ha presentado un informe realizado por un abogado en el que se ponen de relieve supuestas irregularidades en la gestión de Espino. Todas las fuerzas políticas presentes en el Consejo de Administración –el Comité de Empresa se abstuvo y la Fundación César Manrique lleva ausentándose casi un año- han respaldado la propuesta de tomar acciones legales contra Espino después de analizar la información aportada por la actual consejera delegada, que es fruto de una investigación realizada en los últimos meses sobre los dos últimos años de gestión de Espino al frente de los CACT´s, y a la que, al parecer, todavía restan nuevos documentos que añadir.

De esta forma, los miembros del Consejo de Administración han encontrado “indicios severos” que apuntan a que Espino habría cometido presuntamente varios delitos: “supuesta malversación de fondos públicos y administración desleal, además de presunta prevaricación administrativa”, ya que el anterior consejero delegado firmó diversos contratos sin tener competencias para ello, vulnerando así las fórmulas de contratación estipuladas en el Consejo de Administración del Ente Público Empresarial Local (EPEL) de los Centros Turísticos.

Aunque ahora será la administración judicial la que determine los pasos a seguir, está previsto que la querella contra Espino sea interpuesta en los próximos días. Las mismas fuentes apuntan que, a partir de la decisión de este jueves, el Consejo de Administración de los CACT´s también ha facultado a la consejera delegada, Astrid Pérez, para la contratación de los servicios profesionales de un jurista experto en derecho mercantil y en derecho penal, para que sea éste quien se ocupe de la defensa de los intereses públicos, es decir, los de los Centros Turísticos.

“Contratos lesivos contra el interés de Lanzarote”

Este diario ha podido saber que dentro de la documentación aportada por Pérez a los miembros del Consejo –entre los que se encontraba el propio Espino, que sustituyó en esta sesión urgente de los CACT´s a la habitual representante socialista, Isabel Martín- figuran pruebas que apuntan a la existencia de “algunos contratos lesivos para el interés de la Isla”. Una vez que el juzgado correspondiente abra la investigación y delibere, en el caso de que se demuestre que dichos contratos deben declararse nulos, incluso podrían pedirse responsabilidades económicas a las propias empresas beneficiadas con tales contratos, si bien también es posible que el juez dictamine que existió responsabilidad subsidiaria por parte de Carlos Espino, con lo que el anterior consejero delegado podría incluso tener que hacer frente a dichos obligaciones a través de lo que se denomina responsabilidad patrimonial.

El Consejo de Administración de los Centros Turísticos también considera que existen “adjudicaciones extrañas” en las últimas gestiones de Espino al frente del ente público, es decir, entre las decisiones que adoptó cuando ya sabía que se fraguaba una moción de censura entre CC, PIL, PP y PNL para sacar a la ex presidenta del Cabildo Manuela Armas y al grupo Socialista del grupo de gobierno del Cabildo insular de Lanzarote.

"El cazador cazado"

Por su parte, la respuesta de Espino desde que ha conocido la intención de la actual consejera delegada se ha basado en mostrar su “satisfacción” después de que Átrid Pérez anunciara que iba a llevar al Consejo de Administración la aprobación de una autorización para ejercer acciones judiciales contra su persona.

Espino ha venido sosteniendo “que en la documentación facilitada a los integrantes del órgano de control no se aporta información ni prueba alguna de las presuntas irregularidades de que se le acusa”. Es más, el consejero socialista ha asegurado en reiteradas ocasiones que la denuncia que se ha preparado contra él carece “de sustento” y responde “a intereses políticos”.

Carlos Espino es en la actualidad secretario general del Partido Socialista de Lanzarote y, entre otros motivos, ha adquirido relieve nacional en los medios informativos tras ser supuestamente el denunciante de la denominada Operación Unión, que investiga una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en la isla de Lanzarote, y tras la que durante 2009 se han visto imputadas más de una treintena de personas.