La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), según señala el Gobierno del Cabildo este miércoles en nota de prensa, ha rechazado la pretensión de Coalición Canaria (CC) de levantar la suspensión que pesa sobre el recurso de apelación que el Grupo Nacionalista presentó contra el auto de medidas cautelares dictado por el Juzgado de lo Contencioso, dejando sin efecto la expulsión de Juan Manuel Sosa.
El TSJC respalda de este modo la decisión del Juzgado de lo Contencioso al señalar que el proceso debe continuar suspendido hasta que recaiga resolución judicial firme en el proceso penal interpuesto por Juan Manuel Sosa contra Pedro San Ginés y los demás miembros de su grupo por amenazas y falsedad documental.
El Auto por el cual el TSJC deniega la solicitud de CC, fechado el pasado 18 de octubre, mantiene el criterio de la anterior decisión, dictada el 22 de julio, al considerar que hasta que no se produzca una resolución definitiva en el procedimiento penal ha de seguir en suspenso el proceso de protección de derechos fundamentales que Sosa también interpuso ante los tribunales y que mantiene.
El Cabildo recuerda en su nota que la expulsión acordada por el Grupo Nacionalista fue suspendida cautelarmente por el Juzgado de lo Contencioso hasta que se sustancie definitivamente dicho procedimiento. Un procedimiento cuya tramitación ha quedado paralizada por la existencia de la prejudicialidad penal apreciada por la sala como consecuencia de la denuncia de Sosa. Como consecuencia de estos pronunciamientos judiciales, y a pesar de los intentos reiterados de CC, el Gobierno que preside la socialista María Dolores Corujo considera que "no cabe aplicar a Juan Manuel Sosa la condición de tránsfuga y goza en total plenitud de todos sus derechos políticos".
Tan solo cuando recaiga resolución definitiva en el procedimiento penal podrá seguir tramitándose el contencioso y, a su vez, habrá que esperar a la firmeza de la sentencia que pueda producirse en dicho contencioso para determinar la situación del consejero, lo que podría llevar, teniendo en cuenta la lentitud de los tribunales, que se termine el actual mandato en la Primera Corporación insular sin que haya noticia definitiva al respecto.
