La decisión es anunciada sólo dos días después de ordenar una fianza millonaria para el ex secretario general del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino, investigado por malversación de caudales públicos por su gestión en los Centros Turísticos

El TSJC ejecuta la suspensión de funciones del magistrado Rafael Lis

El juez instructor debe comenzar a cumplir la sanción de seis meses el próximo martes, 1 de mayo. El instructor ha presentado recurso contra la ejecutoria; será el CGPJ quien diga si se paraliza o no el castigo

- El que fuera juez decano de Las Palmas de Gran Canaria y candidato a presidente del TSJC fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial en septiembre de 2016 como autor de una falta muy grave, desatención en sus funciones por no apartarse de una causa judicial en la había sido recusado

La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha señalado el próximo martes, 1 de mayo, como fecha de inicio de la suspensión de funciones durante seis meses que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial confirmó el pasado 30 de noviembre de 2017 al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, Rafael Lis Estévez.

Tal y como adelanta el TSJC este martes en nota de prensa, Lis Estévez ha presentado recurso en vía administrativa contra la decisión del presidente del TSJC, Antonio Doreste. La orden de Doreste sólo se paralizará si así lo estima oportuno el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces españoles.

Cabe destacar que la decisión es anunciada por el TSJC solo dos días después de que se haya conocido este pasado fin de semana que precisamente el juez Liz había ordenado en un auto una fianza millonaria, por valor de 1,5 millones de euros, al ex secretario general del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino, investigado por malversación de caudales públicos por su gestión en los Centros Turísticos de Lanzarote.

El que fuera juez decano de Las Palmas de Gran Canaria y candidato a presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias fue sancionado por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial en septiembre de 2016 como autor de una falta muy grave tipificada en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desatención en sus funciones por no apartarse de una causa judicial en la había sido recusado. El pleno del CGPJ confirmó la suspensión en noviembre del año pasado.

El magistrado sancionado recurrió la decisión del gobierno judicial ante el Tribunal Supremo, que en el pasado marzo desestimó su recurso.