La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso presentado en su día contra la sentencia ya dictada por el Juzgado de lo Social Número 1 de Arrecife que condenaba a los Centros de Arte, Cultura y Turismo al pago de más de 100.000 euros a una trabajadora que fue apartada de su puesto de forma irregular durante el mandato de la socialista María Dolores Corujo en el Cabildo de Lanzarote y de su compañero Benjamín Perdomo como consejero delegado. El varapalo para la empresa pública es tremendo, puesto que además de esta enorme indemnización, 107.160,13 euros, también tendrá que hacer frente a las costas procesales por la mala fe mostrada en el procedimiento y contra las trabajadoras afectadas, no solamente la última que recibirá esa importante cantidad de dinero sino de otras compañeras que tuvieron el mismo problema al verse todas afectadas por los saltos que se dieron en una lista de sustitución de personas que habían aprobado una convocatoria pública. Lo que viene a determinar el fallo final es que no se respetó el orden de la puntuación que la misma empresa había hecho en 2017 durante un proceso público y abierto de selección, poniendo en puestos que no le correspondían a personas que tenían menor puntuación.
La empresa pública, viendo perdido el procedimiento, pidió al tribunal que se abonara en concepto de daños a la trabajadora una indemnización por daños y perjuicios de 6.929,58 euros, sin que se molestasen en presentar base alguna para semejante petición.
El 24 de julio de 2017, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, la trabajadora demandante aprobó un concurso de promoción externa para una plaza de auxiliar administrativo, siendo la número 2 de la lista con 22,50 puntos. Tras comprobar que no la llamaron, en 2019 presentó varios escritos en la entidad pública exigiendo que le dijeran en qué situación se encontraba su caso y cómo estaba la lista de sustitución, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y que ella estaba en los primeros puestos después de los exámenes que había hecho. Ya en 2020 bajo la gestión del socialista Benjamín Perdomo se le ofrecen algunas sustituciones y en todo momento se le deja claro que no existen plazas suficientes de auxiliar administrativo, lo que a la demandante le extraña teniendo en cuenta que había mucho movimiento de personal, motivo por el cual vuelve a exigir sin éxito que le digan qué pasa con la lista en la que estaba ella después de aprobar todos los exámenes. Ya en 2021, viendo que no le hacían ningún caso, exige que le den una lista oficial de todas las personas que han causado baja en la empresa, con la intención lógicamente de averiguar por qué no había corrido la lista de sustitución en el orden oficial establecido. Después de numerosas negativas, finalmente averigua que había personas contratadas fijas por la entidad que ocupaban puestos detrás del suyo en la famosa lista de sustitución, lo que la lleva, muchos años después de tratar de arreglar el asunto por las buenas, a demandar a la entidad.
(Avance informativo)
