El Gobierno del Ayuntamiento de Tías (PP-CC) ha confirmado este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que ha interpuesto en los últimos días un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le obliga a devolver al Gobierno español más de medio millón de euros del llamado Plan Estatal de Inversión Local impulsado por el Ejecutivo español bajo la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, por detectarse irregularidades en la ejecución de los trabajos del Teatro Municipal.
"La sentencia no es firme y el Ayuntamiento ha presentado un recurso de casación", ha manifestado en el programa 'A buena hora' la concejala de Urbanismo en Tías, Saray Rodríguez, en referencia a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
"Vamos a intentar agotar todas las vías posibles para seguir defendiendo los intereses del municipio", ha anunciado la edil del PP, "en este caso por las obras concretas del Teatro Municipal, que estaban incluidas dentro del Plan Estatal de Inversión Local de 2009 con Zapatero, unas obras que fueron inauguradas en 2010 por el entonces alcalde, José Juan Cruz, y la entonces delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias".
La responsable de Urbanismo en Tías no esconde que, efectivamente, todo apunta a que se cometieron irregularidades por el entonces grupo de gobierno local. "Sí que han habido incumplimientos o al menos así lo determina esta última sentencia, pero los técnicos municipales están tratando de justificar vía judicial con el último recurso posible, aunque sí que han habido graves incumplimientos, graves irregularidades sobre las que no podemos decir lo contrario: el objetivo fundamental de estas obras inversiones era la creación de empleo y mientras se esperaba contratar a 13 trabajadores, por el momento solo se ha podido justificar que se crearon 10 puestos de trabajo", ha detallado Saray Rodríguez.
Según reconoce el propio Ayuntamiento, con estas obras del Plan E de Zapatero en Tías se logró contratar a 10 personas, cuando el acuerdo requería la creación de 13 empleos. "El proyecto original fue modificado también pero nunca se comunicó ni justificó debidamente al Ministerio y había certificados de obra incluso anteriores a la subcontratación", denuncia el actual Gobierno de PP y CC. "Así que así es cómo nos hemos encontrado el expediente", expresa la responsable de Urbanismo, que lamenta las consecuencias que, asegura, sigue descubriendo el grupo de gobierno actual tras años de Gobierno socialista. "Intentaremos no tener que hacer frente a la devolución de esos 661.000 euros, pero nuevamente ahí tenemos una nueva herencia del partido Socialista, a pesar de que de su último Gobierno han pasado ya cuatro años", ha explicado Rodríguez.
"Estamos tratando de justificar las obras dentro de la medida de lo posible", ha afirmado la concejal del PP. Y es que el Ayuntamiento podría rebajar la devolución de la cantidad hasta los 166.000 euros, pero la propia Saray Rodríguez se ha mostrado ciertamente pesimista al respecto. "Todo apunta a que tendremos que hacer frente a la devolución de esos 661.000 euros", ha indicado.
Una inspección detectó que "los recursos del fondo no se emplearon para los fines, objeto y condiciones previstas"
El Ayuntamiento de Tías, tal y como había adelantado este pasado lunes el diario Canarias Ahora, ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a devolver al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un total de 534.040,24 euros por las “graves irregularidades” cometidas en las obras de ampliación del Teatro Municipal. Los fondos concedidos formaban parte del conocido como Plan Zapatero, por el nombre del entonces primer ministro, José Luis Rodríguez Zapatero y tenían el objetivo de financiar la realización de actuaciones urgentes para generar empleo en los municipios.
La Intervención del Estado realizó un control que concluyó con la necesidad de iniciar el expediente de reintegro total de la cantidad, dado que “los recursos del fondo no se han empleado para los fines, objeto y condiciones previstos”. Hay certificaciones que se abonan fuera de plazo, sólo se crearon 10 puestos de trabajo frente a los 13 comprometidos y financiados y se llevó a cabo un modificado de proyecto que no fue comunicado debidamente por lo que las certificaciones no tienen coherencia con la finalidad de la subvención.
Durante los últimos años el Ayuntamiento y el Estado han mantenido un enfrentamiento que llegó a los tribunales, desde donde se ha emitido este fallo firme que da la razón al Ministerio. La Corporación local siempre defendió que actuó correctamente y aportó los documentos que, según creía, así lo demostraban. En todo caso valoraron los incumplimientos en apenas 166.324 euros, por certificaciones de obra fuera de plazo y creación de menos puestos de trabajo, de lo que culparon al contratista.
